La suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional: análisis del artículo 2 del RDL 29/2026
1. Introducción y elementos comunes
El artículo 2 regula la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; es decir, los supuestos en los que el juez puede paralizar un desahucio porque la persona afectada no tiene a dónde ir.
El precepto diferencia dos situaciones, que dependen de quién es el propietario que solicita el desahucio: por un lado, cuando se trata de una entidad especulativa y, por otro, cuando se trata de cualquier otro propietario. No obstante, antes de analizar en qué se diferencian, conviene detenerse en lo que tienen en común.
En ambas situaciones se trata de una medida temporal, que se aplica desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, en ambas es el inquilino, como parte demandada, quien debe solicitar la suspensión, y para ello debe cumplir los mismos dos requisitos: encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada mediante informe de los servicios sociales o por aplicación de los criterios del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tener alternativa habitacional, es decir, otro lugar donde vivir. Por último, en ambas el desahucio puede suspenderse aunque ya se haya dictado sentencia o se haya acordado el lanzamiento, siempre que este no se haya ejecutado todavía.
Hasta aquí, los elementos comunes. A partir de este punto, el régimen aplicable depende de la parte actora, es decir, del propietario.
2. Primera situación: entidades especulativas
La primera situación se produce cuando el propietario es una entidad especulativa. El artículo la define como «toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado, ambas con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales».
Asimismo, excluye expresamente a los «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público, cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible».
En este caso, cuando la parte actora es una entidad especulativa, el régimen es más favorable para el demandado que en el segundo supuesto: una vez solicita la suspensión y acredita los requisitos comunes, es decir, su situación de vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional, el tribunal suspende el proceso mediante auto,
sin necesidad de pedir informe a la Administración ni de exigir requisitos adicionales. Y ello con independencia de que el proceso se hubiera suspendido o no previamente conforme al artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este trato más estricto con las entidades especulativas responde a la voluntad del legislador de frenar la especulación con la vivienda.
3. Segunda situación: cualquier otro propietario
En cambio, cuando el propietario es cualquier otro (por ejemplo, un particular o una empresa que no se dedica a especular), la norma no es tan tajante. Aquí intenta buscar un equilibrio entre el inquilino y el propietario, y por eso el procedimiento es más complejo. Además, este régimen solo se aplica cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.Dos.
En esta situación, además de los requisitos comunes, se exige uno adicional: que la Administración pública competente no haya ofrecido a esa persona una alternativa habitacional digna y adecuada. Por eso, el tribunal no suspende directamente, sino que antes solicita un informe a la Administración, por el cauce que haya designado cada comunidad autónoma, dirigido a la Administración competente en materia de vivienda y servicios sociales según la legislación autonómica. En ese informe, la Administración debe indicar expresamente qué recursos tiene disponibles y, además, ofrecerlos.
Conviene precisar que, según el apartado 3 del artículo, las referencias a la Administración en materia de vivienda, servicios sociales, intermediación o provisión de alternativas habitacionales se entienden hechas a la que resulte competente conforme a la legislación autonómica y a su propia organización institucional.
A partir de ahí caben dos escenarios. Si la Administración no responde, o responde que no cuenta con recursos, el tribunal suspende el proceso, y lo mantiene suspendido hasta que se adopten las medidas necesarias y se garantice a esa persona una alternativa habitacional adecuada.
Ahora bien, esta suspensión no es indefinida. El tribunal la revisa cada doce meses para comprobar si subsisten la vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional que la motivaron. La suspensión se levanta en cualquiera de estos cuatro casos:
- Cuando desaparece la situación de vulnerabilidad.
- Cuando se pone a disposición de la persona una alternativa habitacional adecuada y efectiva.
- Cuando la persona rechaza esa alternativa sin causa justificada, previa audiencia de las partes.
- Cuando transcurren tres años desde que se acordó la suspensión.
Además, como la suspensión supone un perjuicio para el propietario, que deja de disponer de su vivienda, el artículo prevé que sea compensado. En el propio auto de suspensión, el tribunal establece que esa compensación correrá a cargo de la Administración competente en materia de vivienda. No obstante, no todos los propietarios tienen derecho a ella: solo el demandante que sea persona física o la persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible o social, de modo que una empresa que no se dedique a este tipo de alquiler no recibe compensación.
En cuanto a su contenido, la compensación comprende, como máximo, la renta contractual dejada de percibir, los suministros impagados y las costas procesales. En cambio, no son compensables el lucro cesante hipotético, es decir, las ganancias que el propietario estima que podría haber obtenido, ni los daños morales. Si, una vez acordada por el tribunal, la Administración se retrasa en el pago, deberá abonar también los intereses que correspondan conforme a la legislación aplicable. En todo caso, ni la suspensión ni la compensación eliminan la obligación del inquilino de mantenerse al corriente de la renta debida.
Para hacer frente a estos gastos, las comunidades autónomas pueden recurrir a la línea de ayudas del Estado prevista en el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre, destinada a cubrir los impagos de alquiler de jóvenes y colectivos vulnerables. En el País Vasco y Navarra, dado su régimen económico y financiero propio, esta financiación se acuerda de forma bilateral con el Estado.
Por otra parte, dentro de este segundo supuesto el artículo establece dos casos en los que, aun cumpliéndose los requisitos, no procede la suspensión, pensados para proteger al pequeño propietario:
- Cuando el tribunal aprecia, atendidas las circunstancias, que debe prevalecer la vulnerabilidad económica o habitacional del propietario. Esta excepción no se aplica si el propietario es una persona jurídica o una persona física gran tenedora.
- Cuando el propietario es una persona física titular de dos viviendas o menos. En ese caso no prevalece la vulnerabilidad económica del inquilino.Como puede verse, el artículo 2 trata de forma distinta a los propietarios. Con las entidades especulativas, basta con que el demandado solicite la suspensión y acredite los requisitos comunes; con los demás, solo procede si la Administración no puede ofrecer una vivienda, con un límite de tres años y compensando al propietario. Sin embargo, en ambos casos el objetivo es el mismo: evitar que una persona vulnerable se quede en la calle sin alternativa.
























