El 70 % como nuevo precio mínimo: qué cambia en la compra de vivienda por fondos y grandes tenedores
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en vigor desde el 8 de octubre y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, incluye un amplio paquete de medidas sobre vivienda. Una de las que más efectos va a tener en el mercado de compraventa está en su artículo 1: un precio mínimo para ciertas compras de vivienda, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2030.
¿Qué establece la norma?
La premisa de la regla es sencilla: Determinados compradores no pueden adquirir una vivienda gratis ni por un precio inferior al 70 % de su valor de mercado.
No es una prohibición de comprar: los fondos de inversión y las sociedades afectadas pueden seguir adquiriendo vivienda, siempre que el precio llegue a ese umbral. Según el Gobierno, la medida busca limitar las adquisiciones con descuentos muy elevados, habituales en la compra de viviendas ocupadas o de carteras de hipotecas impagadas.
¿A quién afecta y a quién no?
El límite alcanza a tres tipos de comprador:
- Las entidades especializadas en adquirir activos con descuento: las que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación.
- Las sociedades que sean grandes tenedores: con carácter general, las que tienen más de diez viviendas o más de 1.500 m² de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros. En este caso da igual a qué se dediquen: basta con alcanzar ese volumen.
- Las sociedades de su mismo grupo o que actúen por cuenta de las anteriores.
Quedan fuera las personas físicas. Un particular puede seguir comprando una vivienda por el precio que pacte libremente con el vendedor, aunque sea muy bajo.
El límite se aplica a viviendas ya construidas y en uso y a las de obra nueva que tengan certificado final de obra. No afecta a la compra de solares ni de viviendas en construcción.
¿Cómo se calcula el 70 %?
El valor de mercado no lo fijan las partes:
- Lo determina una sociedad de tasación homologada, inscrita en el Banco de España e independiente de comprador y vendedor.
- Se toma el valor a la fecha en que se cierra el acuerdo vinculante.
- El informe de tasación lo debe aportar el comprador.
Para comprobar si se llega al 70 % se suma todo lo que entrega el comprador: el precio, las deudas que asume y cualquier otra ventaja económica que dé al vendedor, directamente o a través de terceros.
Excepciones
El límite no se aplica cuando la compra se destina a:
- alquiler asequible o social, al menos hasta 2030;
- residencias para personas que necesitan atención sociosanitaria o para colectivos vulnerables gestionadas por entidades sociales;
- la protección de víctimas de violencia de género.
También quedan exentos los compradores adheridos a un Código de Buenas Prácticas que tiene que aprobar el Consejo de Ministros y que incluirá, entre otras cosas, el compromiso de ofrecer alternativa habitacional a los ocupantes vulnerables. Hay un detalle importante: a la fecha de este artículo el Código todavía no se ha aprobado, de modo que esta vía de exención no está disponible por ahora.
Operaciones en curso y subastas
- Compras anteriores a la norma. Se respetan las compraventas firmadas en escritura pública antes del 8 de octubre de 2026, aunque no estén inscritas en el Registro. En cambio, un contrato privado o de arras firmado antes de esa fecha, pero sin escritura, sí queda sujeto al límite.
- Ejecuciones y subastas. Las adjudicaciones de viviendas en ejecuciones judiciales o hipotecarias solo quedan fuera del límite si el acreedor está adherido al Código de Buenas Prácticas. Como el Código aún no existe, hoy tampoco pueden adjudicarse por debajo del 70 %.
- Protección del ocupante. Si, una vez aprobado el Código, una entidad se acoge a él para comprar la vivienda habitual de una persona vulnerable sin alternativa habitacional, se suspende cualquier desahucio sobre esa vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030.
¿Qué pasa si se vende por debajo del 70 %?
El Real Decreto-ley no lo dice expresamente: no establece multas ni regula qué ocurre con la compraventa. A falta de una previsión específica, la interpretación más sólida es que se aplica la regla general del Código Civil: un contrato que vulnera una norma imperativa es nulo. Las partes tendrían que devolverse lo que se entregaron: la vivienda al vendedor y el precio al comprador.
No hay base legal para obligar al comprador a pagar la diferencia hasta el 70 %, ni para exigir pago alguno a la Administración. En la práctica, el control más eficaz será preventivo: lo previsible es que notarios y registradores exijan acreditar la tasación y la condición del comprador antes de autorizar o inscribir la operación.
¿Qué implica en la práctica?
- Particulares que venden a una entidad afectada: la oferta no podrá bajar del 70 % del valor de tasación, aunque puede haber menos compradores interesados en viviendas ocupadas o con incidencias.
- Promotores y constructores que venden en bloque: conviene comprobar la condición del comprador y que cada vivienda alcance el 70 %, con la tasación disponible antes de cualquier compromiso.
- Sociedades compradoras: es recomendable verificar si se tiene la condición de gran tenedor, contar con una tasación homologada y dejar constancia en la escritura del cumplimiento del límite o de la excepción aplicable.
























