Cuando pagar no libera: el fraude del cambio de cuenta bancaria en las relaciones comerciales.
Recibir una factura, realizar la transferencia y descubrir después que el destinatario nunca ha recibido el dinero. Esta es una situación cada vez más frecuente como consecuencia de una modalidad de fraude que consiste en manipular los datos bancarios de las facturas para desviar los pagos a cuentas controladas por terceros.
El engaño puede pasar fácilmente inadvertido: la factura procede de la dirección de correo habitual del proveedor, mantiene el mismo formato de siempre y aparentemente no presenta ninguna anomalía. Sin embargo, el número de cuenta ha sido modificado. Cuando las partes descubren lo sucedido, el dinero ya ha sido transferido y su recuperación puede resultar especialmente difícil. Ante esta situación surge una cuestión con importantes consecuencias jurídicas: ¿queda liberado quien ha realizado el pago o sigue obligado a abonar la factura al verdadero acreedor?
El fraude conocido como man in the middle consiste en la interceptación de las comunicaciones entre acreedor y deudor, normalmente mediante el acceso al correo electrónico de alguna de las partes o la utilización de direcciones prácticamente idénticas a las legítimas. El delincuente aprovecha esa información para alterar el IBAN de una factura o comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria, desviando así el pago a una cuenta bajo su control.
La proliferación de estas prácticas ha llevado incluso al legislador europeo a introducir nuevas medidas de protección. Desde el 9 de octubre de 2025, el Reglamento (UE) 2024/886 obliga a las entidades prestadoras de servicios de pago a verificar la correspondencia entre el nombre del beneficiario y el titular del IBAN y a advertir al ordenante cuando exista alguna discrepancia. Sin embargo, esta medida no resuelve la cuestión civil de fondo: determinar si el pago efectuado a una cuenta fraudulenta extingue la obligación frente al verdadero acreedor.
El pago a un tercero: ¿cuándo libera al deudor?
El artículo 1162 del Código Civil establece que el pago debe realizarse a la persona en cuyo favor está constituida la obligación o a quien esté autorizado para recibirlo. Excepcionalmente, el pago a un tercero puede producir efectos liberatorios cuando se haya convertido en utilidad del acreedor (artículo 1163) o cuando se haya realizado de buena fe a quien estaba en posesión del crédito (artículo 1164).
Es precisamente este último precepto el que suele invocar quien ha pagado al estafador. No obstante, la buena fe exigida no equivale a la mera convicción subjetiva de estar pagando correctamente. Como ya señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de octubre de 1998, quien se presenta como acreedor debe ofrecer una apariencia «adecuada, razonable, objetivamente verosímil». Se exige, por tanto, una buena fe objetiva, valorada conforme a la diligencia exigible en cada caso. No basta con desconocer el fraude: quien invoca el efecto liberatorio del pago debe acreditar que actuó con la prudencia necesaria, conforme a las reglas de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Qué están diciendo los tribunales?
Las Audiencias Provinciales han abordado ya numerosos supuestos de fraude de facturas, y algunas resoluciones recientes permiten identificar los criterios que están inclinando la balanza hacia la responsabilidad del deudor cuando no ha adoptado unas mínimas precauciones.
La Audiencia Provincial de Salamanca, en su sentencia 758/2025, de 1 de diciembre, examinó el caso de un comprador que recibió desde la propia cuenta de correo electrónico del vendedor, previamente intervenida, una comunicación anunciando un cambio de cuenta bancaria. El comprador efectuó el pago sin llamar a su proveedor ni solicitar un certificado de titularidad. La Sala entendió que no había acreditado la diligencia exigible a un ordenado empresario, que comporta «un plus» respecto de la del buen padre de familia. En consecuencia, el pago no liberó al deudor de su obligación frente al verdadero acreedor.
En la misma línea, la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3.ª, en su sentencia 393/2026, de 29 de mayo, rechazó que el hecho de recibir la factura desde la dirección corporativa legítima del acreedor eximiera al deudor de realizar comprobaciones adicionales. Para la Sala, una simple llamada telefónica habría permitido verificar el cambio de cuenta, especialmente teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de fraudes. Tampoco fue suficiente haber presentado denuncia e intentado recuperar el importe mediante la retrocesión de la transferencia: la buena fe subjetiva no suplía la falta de diligencia.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 6.ª, en su sentencia 340/2026, de 18 de junio, revocó una resolución favorable al deudor al considerar que este debería haber advertido las anomalías existentes en las comunicaciones. La factura original se había enviado desde el dominio corporativo del acreedor y, apenas veinte minutos después, se recibió otra con distinto IBAN desde una dirección ajena a dicho dominio y sin incluir al responsable habitual. La Sala entendió que lo razonable habría sido contrastar la información antes de ordenar la transferencia.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Huesca, en su sentencia 407/2026, de 9 de septiembre, negó eficacia liberatoria al pago incluso cuando los mensajes fraudulentos procedían de la propia cuenta de correo del acreedor. La Sala consideró que un cambio de cuenta bancaria, incluso de entidad, «de un día para otro y sin ninguna explicación» debía haber despertado las sospechas del pagador.
De estas resoluciones se desprende que los tribunales tienen en cuenta las circunstancias en las que se produjo el fraude. Entre ellas, si existía una relación comercial previa y una cuenta bancaria utilizada habitualmente, si el cambio se comunicó de forma inesperada o si había algún indicio que pudiera hacer sospechar al pagador.
La prevención como mejor defensa
En este tipo de operaciones, la prevención resulta fundamental. Ante cualquier comunicación que anuncie una modificación de los datos bancarios habituales de un proveedor, resulta aconsejable verificar su autenticidad por un medio distinto del correo electrónico recibido, contactando directamente con el acreedor a través de un teléfono previamente conocido. Asimismo, la solicitud de un certificado de titularidad bancaria y la implantación de mecanismos de doble validación para las transferencias de mayor importe constituyen medidas que pueden evitar el fraude y, llegado el caso, acreditar la diligencia del pagador.
Por su parte, los proveedores deben adoptar medidas adecuadas para proteger sus sistemas de comunicación y establecer protocolos que permitan a sus clientes verificar cualquier modificación de sus datos bancarios. Asimismo, si tienen conocimiento de una posible vulneración de sus sistemas, resulta fundamental que lo comuniquen a sus clientes a la mayor brevedad, evitando así que terceros puedan aprovecharse de la situación para desviar los pagos.
Si el fraude ya se ha producido, resulta fundamental actuar con rapidez. Es importante comunicarlo inmediatamente a la entidad bancaria, presentar la correspondiente denuncia y conservar los correos electrónicos originales, incluidas sus cabeceras técnicas. Esta documentación puede resultar esencial para esclarecer cómo se produjo la manipulación y determinar la actuación de cada una de las partes. En este sentido, el análisis pericial informático puede desempeñar un papel decisivo en un eventual procedimiento judicial.
El fraude man in the middle plantea, en definitiva, un problema que va más allá de la seguridad de las transferencias, ya que obliga a determinar hasta dónde alcanza la protección del deudor que paga convencido de estar cumpliendo con su obligación.
Los tribunales vienen recordando que no todo pago realizado de buena fe produce necesariamente efectos liberatorios. La solución dependerá de las circunstancias de cada caso y, especialmente, de la diligencia con la que hayan actuado tanto quien realiza el pago como quien emite la factura. La existencia de indicios que pudieran alertar del fraude, las comprobaciones realizadas antes de ordenar la transferencia y la actuación del acreedor pueden resultar determinantes para establecer quién debe asumir finalmente las consecuencias del engaño.
























