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Ayer, día 13 de septiembre de 2022, se dio un paso más en la consecución de la efectiva protección del denunciante/alertador al haberse aprobado por parte del Gobierno el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, con el objeto de trasponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblower.
El Proyecto de Ley, en línea con el objetivo que persigue la referida Directiva, establece un régimen jurídico que garantiza la protección real y efectiva, ante cualquier posible represalia, de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, informen sobre casos de corrupción o fraudes y violaciones de las normas europeas y del ordenamiento jurídico interno a través del establecimiento de los llamados << canales de denuncia >>.
La obligación de implantar estos canales internos de información se extiende a aquellas empresas del sector privado con 50 o más trabajadores, a empresas y administraciones públicas, así como a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de empleados.
Del mismo modo, la norma cierra un debate existente en torno a la denuncia anónima, al permitir expresamente que la información se comunique de forma anónima. Lo que se complementa con la sanción de la revelación o comunicación de supuestas infracciones del ordenamiento jurídico a sabiendas de su falsedad.
Con todo ello, lo más importante es que sin duda, va a facilitar la existencia de un clima de confianza en el seno de las organizaciones públicas y empresas, que indiscutiblemente va a suponer una herramienta eficaz para el conocimiento de situaciones, que de otro modo, quedarían ocultas con los perjuicios que podría llegar a suponer.