Mateo Juan, socio director de Buades Legal, y Roser Servera, abogada de la firma, , en representación de la propiedad de la gasolinera de la calle Manuel Azaña, analizan la situación de las gasolineras que operan con concesión caducada en Palma, señalando la posible inacción administrativa del Ayuntamiento y las implicaciones jurídicas que podrían derivarse, incluyendo un eventual caso de fraude de ley o incluso prevaricación si no se adopta una solución conforme al marco legal vigente.