Marco Alarcón se alza con el V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB

El subcampeonato ha recaído en la estudiante Paulina García, mientras que el premio del público también ha ido a parar a manos del ganador del campeonato

El pasado viernes, día 29 de abril, el Aula AA22 de la Facultad de Derecho de la UIB fue el escenario elegido para la celebración de la gran final del V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho UIB, en la que el estudiante de Grado de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, Marco Alarcón, se convirtió en el mejor orador jurídico de la UIB, imponiéndose en una disputada final a su compañera Paulina García. El ganador, premiado con un cheque por valor de 900€, también se alzó con el Premio especial del público, valorado en 200€, mientras que la finalista y segunda clasificada se llevó otro por un importe de 400€.

El tema de debate escogido para la confrontación dialéctica fue: “La libertad de expresión. ¿El humor lo permite todo? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión amparada en el humor?«. Ambos finalistas debieron preparar la defensa de las dos posiciones posibles, a favor de un derecho a la libertad de expresión que puede entenderse que amplía sus límites cuando se hace uso del humor; y en contra de que amparados en el humor puedan resultar aceptables ataques al honor o a la intimidad de las personas. Tras el sorteo inicial para determinar qué posición concreta debía defender cada aspirante, así como el orden de sus intervenciones, el turno inicial correspondió a Paulina García que tuvo la responsabilidad de argumentar su posición favorable a no establecer límites a la libertad de expresión más allá de los que ya vienen claramente definidos en la Constitución. Tras los tres minutos de exposición, Marco Alarcón tuvo que defender la tesis opuesta durante el mismo espacio de tiempo. A la conclusión de ambas intervenciones, cada candidato dispuso de dos minutos adicionales para la réplica y la presentación de sus conclusiones.

El jurado, compuesto por los profesores de la Facultad de Derecho de la UIB, Francisco Antonio Vaquer y José Luis Mateo, junto con los abogados de Bufete Buades, Miguel Reus, socio director de la firma, y Mateo Juan, socio de la misma, y la especialista en oratoria, Xesca Vidal, se retiró a deliberar. La socia directora del despacho, Marta Rossell, ejerció de portavoz pronunciando el discurso de agradecimiento en nombre del bufete, hizo las veces de portavoz tomando la palabra para dirigirse a la audiencia con el propósito de poner en valor la fantástica organización llevada a cabo por la Facultad de Derecho.

Minutos después se anunciaba el nombre del ganador de la quinta edición de esta competición: Marco Alarcón se había convertido en el nuevo vencedor del V Concurso de Oratoria Jurídica Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB. 

Durante las semanas previas a esta gran final, tuvo lugar la celebración de una primera fase de este quinto campeonato de oratoria jurídica, que se desarrolló entre el 7 de marzo al 1 de abril en Instagram, en la que cualquier alumno matriculado en los Grados de Derecho, Relaciones Laborales o doble titulación Derecho y Administración y Dirección de Empresas, podía grabar un vídeo en el que se le viera y escuchara exponiendo un alegato jurídico o un breve relato de ficción de temática jurídica, ambos originales, que debían contener la etiqueta #OratoriaBufeteBuades. De entre todos los participantes, el jurado escogió a los cinco mejores vídeos y de entre éstos, a su vez, a los dos alumnos finalistas.

Durante el evento de esta Gran Final, se presentó también el denominado Premio especial del Público. Para ello, se compartieron en la cuenta de Instagram de la Facultad de Derecho, @DerechoUIB, los 5 vídeos finalistas, previamente elegidos por el jurado, resultando ganador del premio aquel que hubiera acumulado más votos entre el alumnado en una encuesta creada a tal efecto en el Aula Digital de la Facultad, disponible hasta el 13 de abril. El triunfador en esta categoría fue, nuevamente, Marco Alarcón.

El tipo de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales sube al 10,5 % para el primer semestre de 2023

La resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación internacional publicada el en Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de diciembre de 2022 sube 2,5 puntos el interés de demora aplicable a las operaciones comerciales, pasando de ser del 8% al 10,5% para el primer semestre del 2023.

¿Qué es y en qué casos se puede aplicar el tipo de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales?

Pues bien, se trata de una de las previsiones acogidas en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, consistente en el devengo de un interés moratorio, tipo distinto del interés moratorio recogido en el Código Civil, ante el impago de deudas entre empresas o entre empresas y la Administración. En atención a lo anterior la Ley 3/2004 apunta que se considerará empresa: «a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional».

Así pues, la indemnización que deberá pagar el deudor que incurra en mora, siempre y cuando se de alguno de los supuestos anteriores, consistirá en el pago de un interés de demora del 10,5% para el primer semestre de 2023.

«Gracias a nuestros libros hemos desarrollado innumerables proyectos para mejorar la dignidad de niños y niñas, de los sin techo o de familias en situación de premiseria»

Entrevista a Salvador Raga, presidente de la Fundación Vinatea Editorial

¿Qué le empujó a crear la Fundación Vinatea Editorial en 2017 y cuál es su ámbito de actuación actual?

Valencianistes per la Solidaritat fue el germen de la creación de la Fundación Vinatea Editorial. Son innumerables los proyectos que hemos llevado a cabo para mejorar la dignidad de niños y niñas aquí y allá, en la ciudad de Valencia o fuera de ella, de los sin techo o de familias en situación de premiseria, con el producto íntegro de lo que ha generado la venta de nuestros libros. Más de mil son los voluntarios que con nosotros escriben, maquetan, diseñan cubiertas o preparan presentaciones para decirle al mundo que hacemos libros para que otros salven sus vidas. En éste en concreto serán tablets para escolares que en zona de guerra han tenido que ver cortada su actividad escolar. Mañana serán muchos otros…

Meses atrás su editorial presentó el libro «101 relatos judiciales», en cuyas páginas se encuentra un capítulo firmado por Mateo Juan, socio de Buades Legal, que comparte publicación con otros 100 juristas de renombre como es el caso de Baltasar Garzón. ¿Cómo nace la idea de escribir una obra así?

Esta iniciativa surge de una colección con la que contamos en la editorial y que nos ha dado muchas alegrías en el pasado. En ella hemos dado una oportunidad literaria para formar parte de una antología a miembros de una misma profesión que hacen ficción con casos reales acaecidos en su ámbito profesional y que se convierten en éxitos editoriales. Tras el de los bibliotecarios vino el del mundo de la enfermería y ahora llega el de casos judiciales. Realmente uno de los retos de este proyecto es hacer compatibles dos conceptos aparentemente antagónicos: ficción y realidad. La literatura tiene el enorme poder de acercar disciplinas como la Ciencia, la Historia o el Derecho a terrenos más amables y comprensibles para los que las divisan con un cierto temor por tu tecnicismo. Hemos intentado que los casos convertidos en narrativa tuviesen un elemento de interés histórico o jurídico que los hiciesen especialmente atractivos para el posible lector. En esta obra se unen casos muy conocidos por afectar a personajes mediáticos, como otros menos voceados que nos van a sorprender.

La Editorial Vinatea se centra, principalmente, en publicaciones vinculadas al ámbito valenciano cuya recaudación va a parar a proyectos solidarios. ¿Nos puede explicar en qué consisten y cómo abordan ambos propósitos?

La Fundación Vinatea Editorial es una de las tres patas de un ambicioso proyecto cultural, solidario y literario. En nuestro ánimo de construir un mundo mejor, cientos de personas provenientes de distintos ámbitos profesionales hemos decidido que trabajar gratuitamente por los que peor lo tienen es una obligación.

La primera pata de este proyecto es seguir comprometiendo nuestra vida, como desde hace ya quince años, para mejorar la de niños que en Valencia y en otras partes del mundo necesitan nuestra ayuda. Así, colaboramos activamente en los proyectos deportivos de “Valencianistes per la Solidaritat” y otras instituciones.

En segundo lugar, en el proyecto “Grup Cultural Germanies” hemos conformado un equipo de quince expertos de nuestra historia que desarrollan talleres mensuales gratuitos sobre historia en las sedes de las ONG y otras asociaciones ciudadanas con el objetivo de difundir el conocimiento de nuestros bienes artísticos, arquitectónicos e históricos y crear conciencia de su divulgación y protección. Con esto pretendemos difundir la historia y dar oportunidades a colectivos marginados para su reinserción social. Entidades como Casa Caridad, Proyecto Hombre, Casal de la Pau y otras ya han conveniado con nosotros para demostrar que éste es un “voluntariado cultural” de muchos quilates.

Finalmente, la Fundación Vinatea Editorial edita obras de calidad con cuyos beneficios íntegros damos impulso económico a los proyectos de justicia social que desarrollamos en muchas partes del mundo. Esta es por tanto una editorial SOLIDARIA con mayúsculas que necesita el apoyo de todos cuantos creemos que podemos crear un mundo mejor. Y ahí reside la fuerza de la ecuación: generamos recursos para nutrir proyectos solidarios y culturales.

Mirando a futuro, ¿qué retos y proyectos se plantea la editorial durante este 2023?

El futuro más cercano de la editorial en cuanto a producción va a seguir dirigiéndose a terrenos en los que la literatura trae a la realidad cuestiones que enorgullecen a determinados ámbitos profesionales. En concreto, dos son las antologías en producción, que homenajearán respectivamente al mundo del Periodismo y al de la Docencia, por lo que vamos a seguir disfrutando del talento de creatividades tapadas que encuentran en la ventana de nuestra editorial un buen lugar al que asomarse.

Nuevo artículo de Mateo Juan en Abogacía Española sobre posibilidad o no de declarar la abusividad de una “condición general tácita”

Mateo Juan, socio de Buades Legal especializado en derecho concursal y la ley de segunda oportunidad, publica un nuevo artículo en el Blog de Derecho de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española, que lleva por título: «Una vuelta más de tuerca: ¿Es posible declarar la abusividad de una “condición general tácita”?«. En el texto se desgrana «una cuestión que despierta cierto interés por su singularidad. ¿Cabe entrar a analizar la nulidad por abusividad de una cláusula no incorporada en el contrato? O mejor ¿cabe deducir que una alusión u orden contenida en el texto de la escritura esconde en realidad otro pacto, omitido pero subyacente, que debe ser analizado y anulado?

 

Amplia cobertura de la prensa de la reducción de las sanciones por la fiesta de Son Vida durante la pandemia

La portada de Diario de Mallorca de este martes, 31 de enero, y sus páginas interiores, así como una amplia noticia en el periódico Ultima Hora hacen referencia a las novedades que se han producido en el caso que afecta a 114 asistentes a una fiesta en Son Vida durante el periodo de vigencia de las restricciones de la pandemia del Covid, ocho de los cuales son representados por el socio de Buades Legal, Mateo Juan. Las noticias recogen la propuesta el Govern Balear de rebajar la sanción a 25.000 euros, tras reclamarles inicialmente 60.000. Los multados disponen ahora de un plazo de tiempo para formular nuevas alegaciones antes de que la multa sea definitiva y pueda ser recurrida ante los juzgados de lo Contencioso.

La noticia en Última Hora

Portada y páginas interiores de Diario de Mallorca

El TEIB organiza con éxito la I Jornada de Transición Energética de las Illes Balears

El pasado viernes, día 27 de enero, se celebró en el Salón de Actos del Parc Bit la I Jornada de Transición Energética de las Illes Balears organizada por el Clúster de Transición Ecológica de las Illes Balears (TEIB), con la colaboración de la Fundació Bit y el Ayuntamiento de Palma. Se trata del primer evento de estas características celebrado en Balears, durante el cuál se llevó a cabo la presentación del clúster como motor de cambio para la transición energética de nuestra comunidad y que contó con la asistencia en representación de Buades Legal, de Mateo Juan, socio de la firma, y la abogada Roser Servera, vicesecretaria del TEIB.

La jornada estuvo dividida en dos partes, la primera de las cuales estuvo compuesta por una mesa redonda que llevaba título «El rol de los clústeres para promover la transición energética», que contó con José Ignacio Hormaeche, Clúster manager del Basque Energy Cluster, Francesc Ribera, clúster manager del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, y Ramón Perpinyà, presidente del Clúster de Transición Ecológica de las Illes Balears, mientras que la moderación del debate fue ejercida por Marta Pons, secretaria general técnica del TEIB. Tras la pausa café, durante la cuál se dispusieron un conjunto de expositores sobre nuevos productos que permiten mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de las instalaciones, los socios del clúster impartieron distintas sesiones informativas sobre sobre movilidad eléctrica, instalaciones de generación fotovoltaica, hidrogeno y eficiencia energética.

Gabriel Buades asiste a la entrega a Javier Águila del premio Hosteltur a la Personalidad Turística 2022

Días atrás, este mes de enero acogió una nueva edición de Feria Internacional de Turismo (Fitur), repleta de eventos, presentaciones y distinciones. Entre estas últimas, destacó la entrega del premio Hosteltur a la Personalidad Turística 2022 a la figura de Javier Águila, presidente para Europa, África y Medio Oriente (EMEA) de Hyatt, en reconocimiento a su trayectoria fulgurante e innovadora, convirtiéndose en “el directivo más joven en la compañía americana en ocupar dicha posición”.

Durante el acto, celebrado en el stand de Hosteltur en Fitur 2023 y en el que estuvo presente Gabriel Buades, socio de Buades Legal, Águila recogió el galardón de manos de Miguel Sanz, director general de Turespaña. El jurado de este premio, compuesto por entidades como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT),  la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Mesa del Turismo, la CEOE y la redacción de Hosteltur, puso en valor su veloz carrera profesional en el sector turístico, en la que ha pasado de fundar una cadena hotelera en Mallorca a ser el español con el cargo más alto entre las tres grandes hoteleras globales.

El derecho a conocer la identidad del instructor de expedientes sancionadores como una garantía del administrado

Últimamente quienes operamos en el ámbito del derecho administrativo sancionador hemos podido comprobar que en los acuerdos de iniciación de los procedimientos administrativos de dicha naturaleza no se indica la persona que ha de responsabilizarse la correcta instrucción de aquel. Ello se ha hecho especialmente palmario en el ámbito de la administración autonómica, respecto de la cual se ha iniciado una muy insana práctica de limitarse a “identificar” a dicho instructor con unas simples iniciales que, obviamente, para nada le identifican.

Así pues, en estos casos el ciudadano, sujeto pasivo de dicha instrucción, no llega a saber quién es la persona que llevará a cabo los actos de instrucción, valorará la prueba y sobre todo, elevará al órgano competente la pertinente propuesta de resolución sancionadora.

El Decreto autonómico 14/1994 que regula el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de nuestra Administración autonómica exige tal identificación, en su artículo 8.1.f). Sólo la invocación del precepto debería ser suficiente para declarar la nulidad de actuaciones en los supuestos en los que en la iniciación de un procedimiento sancionador, el acto administrativo que lo acuerde no señale qué persona física ha de responsabilizarse la correcta instrucción. Pero es que, además, la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1 de octubre de 2015, en su artículo 64.2.c) prescribe la misma exigencia de identificación del instructor, y además explica el motivo que funda tal requisito, y es el de que el sujeto pasivo del procedimiento pueda conocer la persona que lo ha de instruir a efectos de una posible recusación de aquél, si concurren las causas legales para ello. Reza así dicho precepto: «El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: c) Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos».

Ciertamente, este es un aspecto del procedimiento administrativo sancionador que no ha sido objeto de un análisis jurisprudencial muy profuso, y las pocas sentencias que han abordado la trascendencia jurídica de la infracción del precepto precitado lo han hecho de manera soslayada, sin que en los litigios que dirimían éste fuera la principal cuestión controversial.

Alguna jurisprudencia menor ha restado importancia a la vulneración del deber de señalar las personas con funciones instructoras y de secretaría en los procedimientos disciplinarios, arguyendo que tal circunstancia no deja en una real situación de indefensión al administrado y que tal vicio es subsanable durante la propia tramitación.

Ahora bien, otras sentencias afirman sin ambages que la exigencia de la identificación del instructor es una verdadera garantía procedimental para el administrado, cuya infracción anula lo actuado.

El TSJ Valencia, en sentencia 1337/1997, de 3 de diciembre tuvo ocasión de manifestar que tal infracción es una causa de nulidad de pleno derecho, ya que se omite de manera absoluta el procedimiento administrativo, cuya razón de ser es la de asegurar que la imposición de las sanciones no se producirá de manera arbitraria.  Reza el FJ 4º de dicha sentencia:

«En cuanto al procedimiento seguido en las presentes actuaciones, el art. 31 se remite a la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 35 permite a la Autoridad iniciadora del expediente, nombrar instructor o secretario o encargar la tarea a la unidad administrativa correspondiente; la Administración no siguió ninguna de las dos vías, ni tampoco la disposición transitoria única del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto ( RCL 1993\2402), por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (vigente en la fecha de incoación, 30 de septiembre de 1993), en consecuencia, al haberse vulnerado las normas de procedimiento, procede la anulación de las resoluciones administrativas».

Tal doctrina corroboraba la expuesta en una antigua sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de julio de 1985 (RJ 1985\4936), en cuyo cuarto considerando tacha de nulidad radical un acto sancionador por cuanto, en la incoación de expediente se observa la falta de nombramiento de instructor y de secretario, por lo que es un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, siendo ello una causa de nulidad radical, conforme al artículo 47 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Y prosigue; aún considerando que el vicio no es de nulidad radical, si sería, en cualquier caso, una infracción simple del ordenamiento jurídico que viciaría igualmente la supuesta legalidad de la sanción recurrida.

Transcribimos el mencionado considerando cuarto, pues su enseñanza es muy elocuente: 

«Que en cuanto a los actos emitidos en los expedientes números 1.339 y 1.340, ambos de 1980, en los que, dadas las fechas de las presuntas infracciones y las de iniciación del expediente, no juega el instituto de la prescripción, apreciable de oficio, ha de concluirse, también, que los actos recurridos no se ajustan a Derecho, por las siguientes razones: 1.ª, afirmada anteriormente la potestad sancionadora de la Administración en supuestos como el que nos ocupa, es obvio que dicha potestad no puede ejercerse más que a través del cauce oportuno preestablecido, como garantía del particular y veto a toda posible indefensión, según se infiere del artículo 24 de la vigente Constitución; principio éste aplicable, obviamente, a todos los expedientes antes analizados, pero cuya operatividad no es posible examinar, en los dos primeros, por vedarlo la inadmisibilidad del recurso, y en los otros cuatro, por ser ello innecesario, pues estando extinguida, en cualquier caso la responsabilidad por prescripción, carece de sentido dilucidar si se han seguido o no las formalidades legales, pues el resultado sería el mismo; 2.ª, dicho cauce apto para llegar a una decisión sancionadora, no puede ser otro que el establecido en los artículos 133 a 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues no consta disposición especial aplicable al supuesto enjuiciado, y, por ende, es de ver, que el artículo 133 dicho señala «que no podrá imponerse una sanción administrativa sino en virtud del procedimiento regulado en el presente Capítulo» (que es el II del Título VI de la citada Ley), luego ante tan tajante precepto, es necesario averiguar, a la vista de lo actuado en los dos expedientes que nos ocupan, si en los mismos se ha seguido o no el referido procedimiento sancionador, a los pertinentes efectos; 3.ª, en ambos expedientes su iniciación se plasma en un comunicado al que se adjuntan las anomalías observadas, con la propuesta de aplicación de las sanciones que ya se indican en la relación de las faltas, sin que en ningún caso se nombren Instructor y Secretario, ni, por ende, se notifique su nombramiento, aunque, eso sí, se da traslado al interesado a los efectos del artículo 91.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se evacúa el trámite, se informa que las sanciones «propuestas en su día» (precisamente con la comunicación que abre el expediente), son las adecuadas y, seguidamente, se imponen las sanciones debatidas; 4.ª, por tanto, salvo el trámite de audiencia dicho, no se han observado las prescripciones establecidas en los artículos 133 a 137 antes mencionados, por lo que bien puede decirse que en realidad no se ha seguido el procedimiento sancionador necesario para llegar a pronunciar una condena administrativa, con la falta de sustanciales garantías para el administrado, y sin que quepa aducir que el trámite de audiencia dicho o la falta de recusación puedan subsanar tales defectos, pues aquel trámite es insuficiente ante la parquedad del expediente y defectuosa formulación, por su vaguedad, de las infracciones impuestas, y de otro lado, mal puede formularse recusación del Instructor y Secretario que no han sido nombrados; 5.ª, por lo expuesto ha de concluirse que los actos recurridos son nulos de pleno derecho, según se infiere del artículo 47.1.c. de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues han sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello; lo que debe interpretarse, no como una ausencia de todo procedimiento, sino por el hecho de no haberse seguido el concreto procedimiento previsto por la Ley para el supuesto de que se trata, o haberse omitido los trámites esenciales que lo integran, entre los que destacan, en el caso que nos ocupa, la falta de nombramiento de Instructor y Secretario; pero aunque se entendiera que el trámite de audiencia obviada tan radical nulidad, igualmente el acto sería atacable por la vía del artículo 48, dada la evidente indefensión producida al recurrente; y 6.ª, por todo lo cual ha de concluirse que los actos recurridos no son conformes a Derecho, y ha de prevalecer la demanda en este punto.» 

En conclusión, la exigencia legal de identificar al instructor de un procedimiento sancionador no es una decisión caprichosa del legislador en un alarde de un innecesario garantismo formal sino que obedece a una razón muy sencilla: El afectado por la apertura de un expediente sancionador podrá, si concurren las causas legales para ello, recusar a dicho instructor. No es una garantía menor. Está en juego la imparcialidad misma de la actuación administrativa.

«La responsabilidad subjetiva se erige sobre la responsabilidad objetiva en las muertes producidas en las residencias de ancianos», por Marta Rossell en ‘Salut i Força’

La socia directora de Buades Legal, Marta Rossell, firma un nuevo artículo en Salut i Força‘, el periódico sanitario de referencia en Baleares, en el que analiza, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, cómo las residencias serán responsables en las en las muertes producidas en las residencias de ancianos durante la pandemia del Covid, si se demuestra la efectiva culpabilidad, negligencia, dolo y/o mala fe en el desempeño de su labor, cual es, el cuidado y vigilancia de los internos.

Buades Legal asiste a la jornada sobre circularidad en pymes en el sector de la construcción organizado por la CAEB

El socio director de la firma, Miguel Reus, junto con la abogada, Aina Gotarredona, han asistido a la jornada «Retos, oportunidades y experiencias de economía circular en pymes de construcción«, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) este jueves, día 26 de enero.

La sesión estaba orientada a recordar el papel clave que tiene y tendrá la circularidad para el sector de la construcción, todo ello enmarcado en el tránsito hacia la sostenibilidad mediante una charla-coloquio en la que participaron José Mª Bauzá, director general de Mac Insular, Pedro Mir, consejero de Vopsa y presidente de la comisión de contratistas de la Asociación de Constructores de Baleares, moderados por Isabel Roser, fundadora- senior advisor Hilo Sostenibilidad.

Aspectos relevantes del nuevo reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA

El pasado 16 de diciembre de 2022 fue aprobada la nueva edición del Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (RFAF) en la sesión del Consejo de la FIFA celebrada el mismo día, lo que supone una especie de vuelta a los orígenes. Este nuevo Reglamento entró en vigor el pasado 9 de enero, si bien, hasta el 1 de octubre de 2023 no entrará en vigor todo su articulado.

La noticia ha generado mucha crispación en los agentes que ven aminoradas sus posibilidades de ejercicio profesional y cobro de comisiones, pero antes de ahondar en esta cuestión, es pertinente explicar los que, considero, son los seis pilares fundamentales del nuevo Reglamento de agentes:

a) Retorno del sistema de licencias obligatorias y de los exámenes: será preciso que previamente se apruebe un examen. Esta medida, cuyo objetivo principal es elevar el nivel profesional, no solo consistirá en un examen, si no que contendrá medidas de perfeccionamiento y un requisito de desarrollo profesional continuo. Deberán superarse una cantidad de créditos anuales para poder renovar la licencia. (Artículos 4 y 6 y siguientes RFAF).

b) Reasunción por parte de FIFA de la competencia para conocer de las disputas: FIFA volverá a ser competente para conocer de las controversias internacionales que se susciten entre los agentes, jugadores y clubes. (Artículo 20.1.a) RFAF).

c) Publicación del trabajo relacionado con los agentes: con el motivo de aumentar la transparencia, mejorar la credibilidad del sistema de transferencias y apoyar la aplicación de nuevas normas se deberá publicar todo el trabajo relacionado con los agentes en las transferencias de futbolistas siguiendo la línea marcada por el Informe sobre la Actividad de los Intermediarios.

d) La creación de una Cámara de Compensación que centralice el pago de las comisiones: se obliga a que todas las comisiones de los agentes se paguen a través de esta cámara, aunque inicialmente, únicamente funcionará para gestionar los pagos por la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad.

La reciente Circular nº 1817de la FIFA de 8 de noviembre de 2022 informa a sus federaciones miembro de que las operaciones de la Cámara de Compensación de la FIFA comenzarán el 16 de noviembre de este mismo año (Artículo 14.13 RFAF).

e) Prohibición de la triple representación (la doble seguirá estando permitida): se mantiene la posibilidad de la doble representación, pero limitada al supuesto que el agente representa al mismo tiempo al jugador y al club comprador (artículo 12.8 RFAF).

f) Limitaciones a las comisiones de los agentes: se establece un tope a las comisiones que perciben los agentes, siendo el umbral máximo el 3% del salario del jugador en los casos que realicen funciones de agencia en representación del jugador o del club jugador. Se excepciona en los casos de la doble representación (jugador y club comprador), en cuyo caso la comisión podrá llegar a ser hasta el 6% del salario del jugador. En el caso de que el agente actúe en representación del club vendedor, la comisión será limitada a un máximo de un 10% del importe de la transferencia.

Eso sí, si el salario anual del futbolista cliente del Agente no supera los 200.000 USD o su equivalente en euros, los límites a las comisiones son algo más laxos, pasando a ser el umbral máximo el 5% del salario del jugador en el primer caso, y del 10% em los dos siguientes (doble representación y representación del club vendedor). Así lo dispone el artículo 15 de RFAF.

Si bien los cuatro primeros puntos han sido acogidos de manera positiva, los relativos a la prohibición de la triple representación y a la limitación en las comisiones han eclipsado todo el debate. De hecho, la Asociación Europea de Agentes ya ha anunciado que denunciará el Reglamento ante los Tribunales de la Unión Europea por entender que es contrario a las leyes de competencia consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

En cambio, el Chief Legal Officer de FIFA, D. Emilio García Silvero, se muestra confiado.  En una entrevista concedida a los alumnos de Sports Law Institute, considera que las limitaciones introducidas son compatibles con el derecho comunitario y confía en que así se confirme por los tribunales. A su vez, defiende que los agentes, al no estar limitada su comisión, han cometido numerosos abusos (lavado de dinero, comisiones ilegales…) y que cree que “imponer alguna serie de condiciones de sentido común en el mercado será bueno”.

La cuestión que personalmente se me plantea es la de siempre: ¿no pagarán justos por pecadores? Me preocupa que esta nueva regulación, a quién realmente afecte, sea a los agentes menos importantes. Mientras que los “superagentes”, que se ven inmersos en transferencias millonarias y sueldos de jugadores excesivos, podrán continuar ingresando buenos valores aplicando los nuevos porcentajes, los más humildes, no. La medida adoptada de aplicar un límite máximo superior (únicamente un 2% de diferencia) para los salarios menores o iguales a 200.000 USD no me parece que vaya a solucionar este problema. De este modo, es posible que se cree un mercado más pequeño con los agentes más ricos, dejando de prestar servicios los demás por no ser rentable la profesión o intentando cobrar sus comisiones por otras vías fraudulentas.


Jorge Mir de Leonardo,

Estudiante en prácticas en Buades Legal.