Marco Alarcón se alza con el V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB

El subcampeonato ha recaído en la estudiante Paulina García, mientras que el premio del público también ha ido a parar a manos del ganador del campeonato

El pasado viernes, día 29 de abril, el Aula AA22 de la Facultad de Derecho de la UIB fue el escenario elegido para la celebración de la gran final del V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho UIB, en la que el estudiante de Grado de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, Marco Alarcón, se convirtió en el mejor orador jurídico de la UIB, imponiéndose en una disputada final a su compañera Paulina García. El ganador, premiado con un cheque por valor de 900€, también se alzó con el Premio especial del público, valorado en 200€, mientras que la finalista y segunda clasificada se llevó otro por un importe de 400€.

El tema de debate escogido para la confrontación dialéctica fue: “La libertad de expresión. ¿El humor lo permite todo? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión amparada en el humor?«. Ambos finalistas debieron preparar la defensa de las dos posiciones posibles, a favor de un derecho a la libertad de expresión que puede entenderse que amplía sus límites cuando se hace uso del humor; y en contra de que amparados en el humor puedan resultar aceptables ataques al honor o a la intimidad de las personas. Tras el sorteo inicial para determinar qué posición concreta debía defender cada aspirante, así como el orden de sus intervenciones, el turno inicial correspondió a Paulina García que tuvo la responsabilidad de argumentar su posición favorable a no establecer límites a la libertad de expresión más allá de los que ya vienen claramente definidos en la Constitución. Tras los tres minutos de exposición, Marco Alarcón tuvo que defender la tesis opuesta durante el mismo espacio de tiempo. A la conclusión de ambas intervenciones, cada candidato dispuso de dos minutos adicionales para la réplica y la presentación de sus conclusiones.

El jurado, compuesto por los profesores de la Facultad de Derecho de la UIB, Francisco Antonio Vaquer y José Luis Mateo, junto con los abogados de Bufete Buades, Miguel Reus, socio director de la firma, y Mateo Juan, socio de la misma, y la especialista en oratoria, Xesca Vidal, se retiró a deliberar. La socia directora del despacho, Marta Rossell, ejerció de portavoz pronunciando el discurso de agradecimiento en nombre del bufete, hizo las veces de portavoz tomando la palabra para dirigirse a la audiencia con el propósito de poner en valor la fantástica organización llevada a cabo por la Facultad de Derecho.

Minutos después se anunciaba el nombre del ganador de la quinta edición de esta competición: Marco Alarcón se había convertido en el nuevo vencedor del V Concurso de Oratoria Jurídica Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB. 

Durante las semanas previas a esta gran final, tuvo lugar la celebración de una primera fase de este quinto campeonato de oratoria jurídica, que se desarrolló entre el 7 de marzo al 1 de abril en Instagram, en la que cualquier alumno matriculado en los Grados de Derecho, Relaciones Laborales o doble titulación Derecho y Administración y Dirección de Empresas, podía grabar un vídeo en el que se le viera y escuchara exponiendo un alegato jurídico o un breve relato de ficción de temática jurídica, ambos originales, que debían contener la etiqueta #OratoriaBufeteBuades. De entre todos los participantes, el jurado escogió a los cinco mejores vídeos y de entre éstos, a su vez, a los dos alumnos finalistas.

Durante el evento de esta Gran Final, se presentó también el denominado Premio especial del Público. Para ello, se compartieron en la cuenta de Instagram de la Facultad de Derecho, @DerechoUIB, los 5 vídeos finalistas, previamente elegidos por el jurado, resultando ganador del premio aquel que hubiera acumulado más votos entre el alumnado en una encuesta creada a tal efecto en el Aula Digital de la Facultad, disponible hasta el 13 de abril. El triunfador en esta categoría fue, nuevamente, Marco Alarcón.

Amplia entrevista a Joan Buades en la prestigiosa revista The Business Year | Mallorca Special Report

La publicación del mundo de los negocios The Business Year, todo un referente internacional en su sector, ha elaborado un número especial sobre la situación económica en Mallorca, denominado «Mallorca Special Report«, en el que aborda la cuestión desde diferentes ópticas y sectores. Para ello, ha contado en sus páginas con una amplia representación de las personalidades más relevantes que se encuentran al frente de las principales organizaciones y empresas de renombre de la isla. Entre los protagonistas de las más de 150 páginas de la edición mallorquina de la revista, se encuentra una completa entrevista al socio director de Bufete Buades, Joan Buades.

ACCESO A LA VISTA PREVIA DE LA REVISTA

Marco Alarcón se alza con el V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB

El subcampeonato ha recaído en la estudiante Paulina García, mientras que el premio del público también ha ido a parar a manos del ganador del campeonato

El pasado viernes, día 29 de abril, el Aula AA22 de la Facultad de Derecho de la UIB fue el escenario elegido para la celebración de la gran final del V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho UIB, en la que el estudiante de Grado de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, Marco Alarcón, se convirtió en el mejor orador jurídico de la UIB, imponiéndose en una disputada final a su compañera Paulina García. El ganador, premiado con un cheque por valor de 900€, también se alzó con el Premio especial del público, valorado en 200€, mientras que la finalista y segunda clasificada se llevó otro por un importe de 400€.

El tema de debate escogido para la confrontación dialéctica fue: “La libertad de expresión. ¿El humor lo permite todo? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión amparada en el humor?«. Ambos finalistas debieron preparar la defensa de las dos posiciones posibles, a favor de un derecho a la libertad de expresión que puede entenderse que amplía sus límites cuando se hace uso del humor; y en contra de que amparados en el humor puedan resultar aceptables ataques al honor o a la intimidad de las personas. Tras el sorteo inicial para determinar qué posición concreta debía defender cada aspirante, así como el orden de sus intervenciones, el turno inicial correspondió a Paulina García que tuvo la responsabilidad de argumentar su posición favorable a no establecer límites a la libertad de expresión más allá de los que ya vienen claramente definidos en la Constitución. Tras los tres minutos de exposición, Marco Alarcón tuvo que defender la tesis opuesta durante el mismo espacio de tiempo. A la conclusión de ambas intervenciones, cada candidato dispuso de dos minutos adicionales para la réplica y la presentación de sus conclusiones.

El jurado, compuesto por los profesores de la Facultad de Derecho de la UIB, Francisco Antonio Vaquer y José Luis Mateo, junto con los abogados de Bufete Buades, Miguel Reus, socio director de la firma, y Mateo Juan, socio de la misma, y la especialista en oratoria, Xesca Vidal, se retiró a deliberar. La socia directora del despacho, Marta Rossell, ejerció de portavoz pronunciando el discurso de agradecimiento en nombre del bufete, hizo las veces de portavoz tomando la palabra para dirigirse a la audiencia con el propósito de poner en valor la fantástica organización llevada a cabo por la Facultad de Derecho.

Minutos después se anunciaba el nombre del ganador de la quinta edición de esta competición: Marco Alarcón se había convertido en el nuevo vencedor del V Concurso de Oratoria Jurídica Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB. 

Durante las semanas previas a esta gran final, tuvo lugar la celebración de una primera fase de este quinto campeonato de oratoria jurídica, que se desarrolló entre el 7 de marzo al 1 de abril en Instagram, en la que cualquier alumno matriculado en los Grados de Derecho, Relaciones Laborales o doble titulación Derecho y Administración y Dirección de Empresas, podía grabar un vídeo en el que se le viera y escuchara exponiendo un alegato jurídico o un breve relato de ficción de temática jurídica, ambos originales, que debían contener la etiqueta #OratoriaBufeteBuades. De entre todos los participantes, el jurado escogió a los cinco mejores vídeos y de entre éstos, a su vez, a los dos alumnos finalistas.

Durante el evento de esta Gran Final, se presentó también el denominado Premio especial del Público. Para ello, se compartieron en la cuenta de Instagram de la Facultad de Derecho, @DerechoUIB, los 5 vídeos finalistas, previamente elegidos por el jurado, resultando ganador del premio aquel que hubiera acumulado más votos entre el alumnado en una encuesta creada a tal efecto en el Aula Digital de la Facultad, disponible hasta el 13 de abril. El triunfador en esta categoría fue, nuevamente, Marco Alarcón.

Actualización de la renta en los arrendamientos de viviendas tras el Real Decreto-ley 6/2022

La actual coyuntura económica agravada por guerra de Ucrania ha tenido grandes repercusiones en la economía de los países europeos, pues ha provocado una fuerte inflación como resultado del incremento del precio de las fuentes de energía y materias primas. Con el objetivo de paliar las consecuencias negativas de estos incrementos de precios, se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo. Entre las medidas adoptadas se encuentra su artículo 46, relativo a la Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta limitación sólo afecta a los contratos de arrendamiento de viviendas sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), dónde se regula en el artículo 18 la posibilidad de actualizar la renta del alquiler siempre y cuando se haga en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato. La renta podrá actualizarse de acuerdo con el mecanismo de actualización de valores monetarios que hayan pactado las partes y en caso de no pactar ningún mecanismo en concreto, el índice de referencia será la variación anual del Índice de Garantía y Competitividad (IGC) a la fecha de cada revisión. En todo caso, el incremento del alquiler como consecuencia de la actualización no podrá exceder el Índice de Precios de Consumo (IPC). A pesar de ello, muchos contratos remiten su actualización directamente al mencionado IPC.

Es importante recordar que la actualización de la renta debe acordarse expresamente en el contrato de arrendamiento, pues de lo contrario la renta no podrá revisarse. Además, hay que señalar que los efectos de la actualización se producen ex nunc, por lo que no es posible reclamar con carácter retroactivo la revisión de la renta. En caso de que no se haya incrementado la renta del alquiler estando previsto en el contrato, el arrendador podrá actualizarla en cualquier momento, pero no podrá reclamar el pago de las diferencias de los meses anteriores.

Una vez aclarado lo anterior, ahora sí que procede explicar en qué consiste la limitación establecida en el art. 46 del RDL 6/2022. Para ello, se mencionarán tres posibles supuestos en los que nos podemos encontrar:

  1. Actualización de la renta durante el periodo de vigencia del RDL 6/2022

En un principio el RDL 6/2022 se aprobó con una vigencia de tres meses (desde su entrada en vigor el 31 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio). No obstante, y como consecuencia de la continuada inflación, se ha optado por prorrogar el RDL hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto quiere decir que son objeto de esta limitación los contratos de arrendamiento de vivienda que se tengan (o hayan tenido) que actualizar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2022. Si estuviéramos en este caso, el art. 46 menciona dos posibilidades:

  • Cuando el arrendador sea un gran tenedor (personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1500 m2 de uso residencial), el incremento de la renta será el que pacten las partes, sin que pueda exceder la variación anual del IGC (cuyo valor máximo no puede superar el 2%) a la fecha de actualización, tomando como mes de referencia el que corresponda al último índice publicado.
  • Cuando el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el acordado entre las partes y, en ausencia de pacto, tampoco podrá exceder la variación anual del IGC a la fecha de actualización (un 2%).

Por tanto, los contratos que se tengan que actualizar durante este periodo, el incremento de la renta no se fijará conforme a lo establecido en los contratos de arrendamiento y/ o en la LAU, sino que tendrán como límite el IGC (pudiendo ser su valor máximo de un 2%).

En pura lógica, si el mecanismo de actualización de la renta pactado entre las partes en el contrato diera un resultado inferior al mecanismo establecido en el Real Decreto ley, se aplicaría lo pactado entre las partes.

Procede ahora analizar cierta casuística en la actualización de las rentas.

  1. Actualización de la renta con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2022

El Decreto ley no se aplica a los contratos que se debían actualizar en los meses anteriores a su entrada en vigor. Es decir, no hace ninguna referencia sobre la retroactividad, por lo que su actualización habrá tenido lugar conforme a lo pactado por las partes o la regulación genérica de la LAU.

Sin embargo, qué ocurre con estos contratos que se pudieron actualizar con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero el arrendador no realizó comunicación alguna y ésta pretende realizarse tras su entrada en vigor. Debemos entender que no resultaría de aplicación la limitación del incremento de la renta de esta normativa excepcional, sin perjuicio de que no podrá reclamarse la actualización con carácter retroactivo.

  1. Contratos cuya actualización corresponda al 1 de enero de 2023 y en adelante

Siempre y cuando no se modifique la LAU ni se prorrogue de nuevo el RDL 6/2022, en caso de que el contrato cumpla la anualidad con posterioridad al 31 de diciembre de 2022, se podrá actualizar la renta conforme a lo establecido en el contrato o, subsidiariamente, lo determinado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin que resulte de aplicación esta nueva normativa.

En conclusión, el art. 46 del RDL 6/2022 es una solución temporal que busca paliar los efectos de la actual coyuntura económica a través de la limitación de las rentas de alquiler de viviendas.


Andrea Comerón Vizcaíno,

Estudiante de ICADE en prácticas en Buades Legal

Asistencia de Joan Buades a la Jornada Entrevista a CEOs de APD Baleares

El pasado 15 de septiembre, las instalaciones del Golf Son Muntaner, acogieron la celebración de la Jornada Entrevista a CEOs organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Baleares. Al acto acudió en representación de Buades Legal, Joan Buades, socio director de la firma.

Durante el evento, que contó con ponente de gran nivel, relacionados de una u otra manera con el sector turístico y productivo de las islas, se analizó la complejidad de las relaciones internacionales que marcan nuestro momento actual, un hecho que invita a las empresas a que «permanezcan alerta y más preparadas que nunca para minimizar la incertidumbre geopolítica y sus implicaciones».

La nueva edición de Entrevista a CEO’s llevaba por título «El nuevo entorno geopolítico y sus efectos en el mundo empresarial» centró gran parte del debate en el análisis en detalle de los aspectos relacionados con «los impactos que se están produciendo en las cadenas de suministros, en los precios de la energía, escasez de materiales, o sanciones en operaciones en terceros países que están afectando directamente a la actividad».

Marta Rossell publica un nuevo artículo en ‘Salut i Força’ titulado «El síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional»

La socia directora de Buades Legal, Marta Rossell, escribe un nuevo análisis jurídico para ‘Salut i Força‘, el periódico sanitario de referencia en Baleares, en el que aborda la dolencia del síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional, en el caso de los empleados del sector de la ayuda a domicilio. En el texto, Rossell detalla los requisitos que deben cumplirse para ese supuesto: «en primer lugar, que la enfermedad se dé a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena; en segundo lugar, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan; y por último, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que se establezcan para cada enfermedad».

Joan Buades asiste a la primera edición de los Mallorca International Art Awards 2022 (MiAA)

El pasado 16 de septiembre se celebró la primera edición de los premios Mallorca International Art Awards 2022 (MiAA), una iniciativa pionera que pretende «rendir homenaje y dar una mayor conciencia internacional de la creación artística contemporánea de Mallorca».

El evento celebrado en el Museu de Mallorca, que contó con la presencia del socio director de Buades Legal, Joan Buades, sirvió para dar visibilidad a artistas mallorquines o con estrechos vínculos con la isla que destacan por la calidad de su obra y por su formación en arte
contemporáneo.

La puesta en marcha de los premios MiAA responde a una una iniciativa privada impulsada por el colectivo Art Club 15, la comisaria, galerista en Kaplan Projects y gestora cultural Mercedes Estarellas, junto la compañía Apple Nowitzki. El certamen contó con un jurado configurado por un notable elenco de profesionales de prestigio con estrechos vínculos con la escena internacional del arte contemporáneo.

Se establecieron dos categorías de galardones: la primera de ellas, dirigida a artistas o colectivos de artistas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad o procedencia, que vivan en Mallorca o tengan vínculos con la isla. El artista ganador recibió un premio económico de 12.500 € y llevó a cabo una exposición individual de su obra en el Museo de Mallorca coincidiendo con la Nit de l’Art 2022. Posteriormente, la exposición se trasladará a Tor Art Space, en Frankfurt; la segunda categoría está dirigida a artistas o colectivos de artistas de entre 18 y 35 años, de cualquier nacionalidad o procedencia, que vivan en Mallorca o tengan vínculos con la isla. El ganador obtendrá un premio en metálico de 5.000 euros, además de contar con un espacio para la exposición individual de su obra en las mismas condiciones que en la categoría anterior.-

Ampliación del catálogo de delitos por los que puede ser penalmente responsable la persona jurídica

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, introduce una reforma del Código Penal (en adelante CP) que amplía el catálogo de delitos por los que cabría considerar penalmente responsable a la persona jurídica, esto es a la empresa.

Como hemos referido en anteriores entradas del blog, la responsabilidad penal de la persona jurídica se introdujo en España, por vez primera, a través de la famosa Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que supuso una reforma de gran calado en nuestro Código Penal. Mediante la misma no solo desaparecieron las faltas y se introdujeron los denominados “delitos leves”, sino que se rompió con uno de los principios sobre los que se asentaba nuestro sistema penal, el denominado «societas delinquere non potest» -la empresa no puede delinquir-, para incorporar, en su artículo 31 bis la posibilidad de que una empresa fuese declarada penalmente responsable en aquellos supuestos en los que la conducta delictiva sea cometida;

  • En nombre por cuenta de la empresa, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica se encuentran autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control en su seno.
  • En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar dichas conductas por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control.

Este régimen, que fue posteriormente completado mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, momento en el que se introduce por vez primera el concepto de modelos de cumplimiento normativo para atenuar, o incluso eximir, de responsabilidad penal a las personas jurídicas, quedaba circunscrito a un numerus clausus de delitos.

Como decimos, mediante dichas reformas nuestro legislador introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el entendimiento de que, efectivamente, son entes en los que pueden fraguarse o propiciarse la comisión de conductas delictivas que precisen de un castigo no solo al concreto individuo que la perpetra sino a la entidad que le otorga la cobertura necesaria para ello, pero limitó dicha responsabilidad a una serie concreta de delitos y es precisamente esta lista la que se ha visto ampliada mediante la Ley Orgánica 10/2022, extendiendo dicha responsabilidad al:

  • Delito contra la integridad moral, artículo 173.1 del CP que castiga, entre otros comportamientos, el de realizar actos hostiles o humillantes prevaliéndose de una relación de superioridad en el ámbito de la relación laboral, así como el de ejecutar de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda, que podría, potencialmente, afectar a empresas cuyo objeto social esté vinculado con el sector inmobiliario.
  • Delito de acoso sexual, artículo 184 del CP, cuando en el ámbito o esfera de control de la empresa tuviera lugar la solicitud de, como recoge el legislador,«favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante».

De igual forma, y si bien ya se trataba de un tipo penal cuya comisión por parte de la persona jurídica estaba prevista desde la primera reforma del CP operada en 2010, se modifica la redacción del artículo 197 de dicho texto legal, relativo a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, a fin de ampliar las conductas punibles a quien difunda, revele o ceda a terceros, y sin el consentimiento de la persona afectada, imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas sin autorización de la persona afectada en un domicilio o lugar que se encontrase fuera del alcance de la mirada de terceros.

Así las cosas, y como quiera que dicha reforma entrará en vigor el próximo 7 de octubre, será necesaria la revisión de los programas de cumplimiento normativo por parte de las empresas a fin de actualizar en lo que fuese menester tanto sus mapas de riesgo como, en su caso, las medidas de control y prevención que tuviesen implantadas y que atañan o estén vinculadas a dichas materias.

Mallorca Zeitung entrevista a Roser Servera sobre el novedades legales que afectan a las empleadas domésticas que entran en vigor el 1 de octubre

El semanario en lengua alemana de Prensa Ibérica, Mallorca Zeitung, publica una amplia entrevista en la que la abogada de Buades Legal, Roser Servera, analiza las novedades legislativas que afectan a las relaciones contractuales establecidas entre los empleados del hogar y sus empleadores, que entran en vigor a partir del 1 de octubre.

«Sobre la ansiada mejora de las condiciones laborales de las empleadas del hogar», un artículo de Roser Servera en Diario de Mallorca

La abogada de la firma, Roser Servera, firmó un extenso artículo que apareció publicado en la edición del pasado domingo, día 18 de septiembre, en Diario de Mallorca. En él, Servera reflexiona sobre el Real Decreto Ley 16/2022, publicado el pasado 9 de septiembre, una ley que ha traído importantes modificaciones legislativas en las condiciones de trabajo de las personas empleadas del hogar familiar.

Aproximación a la nueva reforma de la imprudencia viaria en nuestro Código Penal: Ley Orgánica 11/2022 de 13 de septiembre

Con fecha de hoy, 14 de Septiembre de 2.022, se ha publicado en el BOE, con efecto de entrada vigor para mañana 15 de Septiembre la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de Septiembre, en virtud de la cual asistimos a una nueva Reforma del Código Penal por la que se modifica el tratamiento de la imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores.

En el Preámbulo de esta Reforma quedan bien definidos los objetivos que con ella se pretenden en materia de imprudencia viaria, esto es, reforzar el castigo de las imprudencias que se cometan a los mandos de un vehículo a motor y que generen la muerte o lesiones relevantes en una persona. Tales conductas siempre que se cometan por una infracción grave de tráfico tienen que considerarse delito. Este es el objetivo.

Si echamos la vista atrás, observaremos que con motivo de la supresión del procedimiento de Juicio de Faltas (proceso que era tan elogiado por los juristas especializados del sector), por mor de la maltrecha Reforma del Código Penal habida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo y que despenalizaba en gran parte las imprudencias, experimentamos una situación ampliamente criticada por la sociedad en general y por las asociaciones de Víctimas en accidentes de Circulación, Ciclistas, en particular lo que generó una nueva Reforma penal en sentido asimétrico a la del año 2.015, sobre el tratamiento de las imprudencias en un intento de protección a las víctimas, endureciendo las sanciones penales con la Ley Orgánica 2/2019 de 1 de Marzo pero cuyo objetivo no se ha obtenido en perjuicio de las víctimas, asistiendo a generalizados autos de archivo penales y con apenas respuesta penal ejemplar en los accidentes de circulación con lesiones relevantes e incluso en casos de muerte.

Por este motivo, con la finalidad de corregir esta situación, hoy nace una nueva Reforma del Código Penal, en materia de imprudencia del tráfico viario y tal y como, adelantábamos, se vislumbra en su Preámbulo, su finalidad es establecer <<ope legis>> que si el juez o Tribunal determinan que hubo imprudencia conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor concurriendo una infracción grave de las normas de circulación de vehículos a motor y seguridad vial y, como consecuencia derivada de esta infracción, se produjo la muerte o lesiones relevantes, la imprudencia ha de ser calificada, como mínimo, como imprudencia menos grave, pero nunca como leve si las lesiones son relevantes o se causa la muerte.

Vemos pues, que esta modificación lo que pretende es dar garantías y proteger a las víctimas, objetivando la comisión de un delito y que el juez o tribunal no pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito, acogiéndose a los resquicios que la interpretación de la anterior Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, sí permitía en los artículos 142-2º y 152-2º cuando establecía la coletilla final en ambos preceptos de <<apreciada la entidad de ésta por el Juez o Tribunal>> y lo que les conllevaba, incluso por rutina, a considerarlas como imprudencias leves y por tanto, no creadoras de responsabilidad penal.

Consecuentemente, con esta Reforma se incorpora al Apartado Segundo, tanto del artículo 142 como 152 del Código Penal lo que ha de entenderse por imprudencia menos grave, definiéndola en los siguientes términos:

<<como imprudencia menos grave se reputará aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada>>.

Otro aspecto destacable de esta Reforma penal que nace es que, en los delitos de imprudencia menos grave, se elimina la potestad anterior que existía en el Juez de imponer o no, una sanción de pena de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores. Conclusión: En todos los casos, se impondrá una pena de privación del derecho a conducir, como ya ocurría en todos los delitos contra la seguridad vial.

De igual modo, se opera la modificación y reduce la pena de multa de uno o dos meses, en los supuestos de imprudencia menos grave que produzcan lesiones del artículo 147-1º, es decir, lesiones que provoquen necesidad de tratamiento médico o quirúrgico que no son invalidantes (lesiones del artículo 149 y 150) aunque sí relevantes. En este caso, esta reducción de la pena supone que no sea obligatorio estar asistido de letrado y procurador y que el proceso se juzgue por un juez de instrucción sin que con ello menoscabe las garantías a la víctima.

Por último, la Reforma que mañana entrará en vigor, conlleva otras dos medidas novedosas y que son por una parte que el artículo 142-2º, previsto para la imprudencia menos grave con resultado de muerte se convierte en delito público, eliminando en estos casos, la exigencia de denuncia previa particular de la persona agraviada o de su representante legal, de modo que la autoridad judicial pueda investigar los hechos directamente.

Y, por otra parte, la Disposición Final Primera de esta Ley Orgánica 11/2022, que establece la obligatoriedad para la autoridad administrativa (Policía Locales, Guardia Civil…etc), de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos derivados de infracciones de tráfico con resultado de lesión o muerte, acompañado tal comunicación con el oportuno atestado.

 Tiempo habrá, <<la verdad es hija del tiempo>>, para valorar si estas nueva Reforma sobre las Imprudencias viarias, de elevado calado social consigue, de una vez por todas, el éxito y objetivo ampliamente perseguido por nuestra sociedad en general y por las Asociaciones de Victimas de accidentes viarios, en particular, reduciendo la alta siniestralidad en nuestro país, concienciando a los conductores del valor incalculable y preciado que es la vida.

Aprobado el Proyecto de Ley para la protección de los denunciantes

Ayer, día 13 de septiembre de 2022, se dio un paso más en la consecución de la efectiva protección del denunciante/alertador al haberse aprobado por parte del Gobierno el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, con el objeto de trasponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblower.

El Proyecto de Ley, en línea con el objetivo que persigue la referida Directiva, establece un régimen jurídico que garantiza la protección real y efectiva, ante cualquier posible represalia, de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, informen sobre casos de corrupción o fraudes y violaciones de las normas europeas y del ordenamiento jurídico interno a través del establecimiento de los llamados << canales de denuncia >>.

La obligación de implantar estos canales internos de información se extiende a aquellas empresas del sector privado con 50 o más trabajadores, a empresas y administraciones públicas, así como a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de empleados.

Del mismo modo, la norma cierra un debate existente en torno a la denuncia anónima, al permitir expresamente que la información se comunique de forma anónima. Lo que se complementa con la sanción de la revelación o comunicación de supuestas infracciones del ordenamiento jurídico a sabiendas de su falsedad.

Con todo ello, lo más importante es que sin duda, va a facilitar la existencia de un clima de confianza en el seno de las organizaciones públicas y empresas, que indiscutiblemente va a suponer una herramienta eficaz para el conocimiento de situaciones, que de otro modo, quedarían ocultas con los perjuicios que podría llegar a suponer.