Child theme index:

La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla), en su reciente sentencia 1969/2025, de 18 de junio de 2025, ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un director de oficina de entidad de crédito que consintió que un cliente firmara por otra persona documentación contractual y permitió la firma fuera de presencia de personal de la entidad, infringiendo una circular interna que exigía firmas originales y presenciales.

Para acreditar el despido la empresa accedió ilícitamente a correos electrónicos del trabajador (vulneración de su intimidad). No obstante, el Tribunal excluye esa prueba y sus derivadas, pero aprecia que el resto del acervo lícito basta para calificar la conducta como transgresión de la buena fe y desobediencia (ET 54.2.b y d).

Ahora bien, lo trascendente a efectos de este artículo, es la guía que esa sentencia ofrece a los efectos de concluir que la “prueba ilícita” de un despido, aun obteniéndose en vulneración de derechos fundamentales, no comporta la nulidad de dicho despido (en el supuesto enjuiciado se vulneró el derecho a la intimidad del trabajador, a cuyos correos electrónicos personales accedió la empresa de manera no consentida para acreditar el despido).

En efecto, son habituales en la práctica forense las reclamaciones de nulidad de despidos al amparo de la ilicitud de las pruebas de cargo utilizadas por la empresa y de la vulneración por ésta en dichas pruebas de derechos fundamentales, con la petición adicional condena al pago de importes indemnizatorios por los daños causados por tal vulneración.

La sentencia que nos ocupa señala, que si bien la “prueba ilícita” se debe de expulsar con sus frutos o derivadas, ésta no convierte per se el despido en nulo.

Nos dice, así, la resolución judicial que:

«Sin embargo la ilicitud o nulidad de un medio de prueba no determina la nulidad del despido sino únicamente que aquella prueba no pueda ser tenida en cuenta. La decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en sí misma considerada, no pretendía la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador, ya que el móvil del empresario al acordar el despido no respondió a una causa vulneradora de los derechos fundamentales, lo que legalmente llevaría aparejada la nulidad del despido (artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores). Hay que distinguir por tanto los supuestos en que la decisión extintiva vulnera un derecho fundamental, de aquellos otros en los que el empresario, al intentar comprobar el comportamiento de su empleado y obtener pruebas de algunos de sus incumplimientos para tratar de justificar un despido, ha vulnerado los derechos fundamentales del trabajador. No puede confundirse el despido con violación de derechos fundamentales, con el despido en el que ha habido una lesión de los derechos fundamentales en el proceso de obtención de la prueba. 

[…]

Esta Sala, como más arriba hemos anticipado, se inclina por entender que no existen razones de peso suficientes para alterar el ámbito de aplicación del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, en tanto en cuanto pensamos que la sanción de nulidad del despido tiene su fundamento en el móvil del empresario cuando el despido en sí mismo responde a una causa vulneradora de un derecho fundamental, de ahí la prescripción del artículo 55.5, pero no cuando la finalidad que mueve al empresario es comprobar un comportamiento del trabajador para obtener la prueba de la existencia de la causa alegada para justificar el despido, en cuyo caso, procede la nulidad de dicha prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, sin que tal nulidad pueda extenderse a la calificación del despido que podrá ser improcedente o incluso procedente, si una vez desechados los hechos acreditados mediante la prueba ilegal o ilegítima, aun resultan probados, mediante prueba hábil e idónea, hechos que constituyen un incumplimiento grave y culpable del trabajador. 

Debemos por tanto desestimar la nulidad del despido».

Adicionalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deniega la indemnización por daños morales solicitada en el propio proceso de despido al corresponder, en su caso, a un procedimiento de tutela específico (arts. 26.1 y 184 LRJS).

Como conclusiones trascendentes de la lectura de la sentencia se obtienen las siguientes:

1) Nulidad del despido: no basta con la ilicitud en la obtención de la prueba. 

• La parte actora sostuvo la nulidad del despido porque el acceso a su correo corporativo vulneró su intimidad.

• La Sala distingue con precisión:

• • Cuando el acto extintivo se adopta por un móvil vulnerador del derecho fundamental, procede la nulidad (art. 55.5 ET).

• • Cuando la lesión se produce al obtener o fabricar la prueba (lesión “extraprocesal”), la consecuencia es la invalidez de ese material probatorio (y, en su caso, de sus derivaciones), pero no la nulidad automática del despido.

• Con apoyo en la STC 61/2021 y la STS 26-7-2022 (rcud 1675/2021), el Tribunal declara que no existe un “derecho constitucional” a la nulidad del despido por el solo hecho de que la empresa haya vulnerado la intimidad al recabar evidencias. La sanción es estrictamente probatoria: exclusión de la prueba ilícita; la calificación del despido (procedente, improcedente o nulo) dependerá del remanente probatorio lícito.

Así, pues, la nulidad del despido se desestima porque la decisión extintiva no tuvo un móvil vulnerador; la lesión se ubicó en la obtención de pruebas y se solventa depurando el acervo probatorio.

2) Daños morales por vulneración de intimidad: acción separada. 

• El trabajador pidió, además, una indemnización por daños morales derivada de la intromisión en su intimidad.

• La Sala recuerda que:

• • La reparación de los daños morales por lesión de derechos fundamentales tiene cobertura en la LRJS (art. 182).

• • Pero su reclamación debe articularse por el cauce de tutela de derechos fundamentales (art. 184 LRJS), sin acumularse inadecuadamente al proceso de despido cuando rebasa su objeto (art. 26.1 LRJS).

• Por ello, el Tribunal rechaza conceder en el procedimiento extintivo una indemnización por daños morales, sin perjuicio de que el trabajador pueda ejercitar una acción de tutela independiente.

Por tanto, se deniega la indemnización por daños morales en el proceso de despido, al ser la vía adecuada un procedimiento autónomo de tutela de derechos fundamentales.

3) Relevancia práctica del criterio de la Sala. 

• Depuración probatoria estricta: la ilicitud en la obtención de la prueba no se “premia” con la nulidad del despido; se sanciona excluyendo esa prueba y sus efectos.

• Calificación del despido con el resto del material lícito: si subsiste prueba válida suficiente, el despido puede ser incluso procedente.

• Estrategia procesal bifurcada:

• • En el pleito de despido, deberá de centrarse la expulsión de la prueba ilícita (y sus frutos) y en el análisis del remanente probatorio.

• • Para los daños morales por intromisión en la intimidad, ejercitar una acción específica de tutela (arts. 182 y 184 LRJS).

A modo de conclusión, la reciente sentencia del TSJ de Andalucía (Sevilla) 1969/2025, de 18 de junio, aporta una relevante clarificación práctica para el ámbito laboral: la nulidad de una prueba obtenida ilícitamente por la empresa (por ejemplo, accediendo sin consentimiento a correos electrónicos del trabajador y vulnerando su intimidad) no implica automáticamente la nulidad del despido. El tribunal distingue entre la nulidad del acto extintivo motivado por la vulneración de derechos fundamentales (que sí conllevaría la nulidad del despido, según el art. 55.5 ET) y la nulidad de la prueba obtenida ilícitamente, que solo supone su exclusión del proceso. Si, tras depurar el material probatorio, subsiste prueba lícita suficiente, el despido puede ser calificado como procedente o improcedente, pero no nulo por la mera ilicitud de la prueba. Además, la reclamación de daños morales por intromisión en la intimidad debe articularse en un procedimiento específico de tutela de derechos fundamentales, no en el proceso de despido. Esta doctrina refuerza la importancia de una estrategia procesal bifurcada y de la depuración estricta del acervo probatorio, consolidando criterios de gran utilidad para la práctica jurídica laboral.

El pasado 20 de noviembre, el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en colaboración con su Fundación, celebró una sesión formativa dedicada al régimen de responsabilidad de los administradores societarios, impartida por Mateo Juan y Luis Huerta, socio director y socio de Buades Legal, respectivamente, y fue moderada por Arantxa Sitjar.

Durante las dos horas de sesión, Mateo Juan analizó los aspectos esenciales del marco legal aplicable a los administradores, deteniéndose en los supuestos de mayor impacto práctico para empresas y órganos de gestión. Entre los temas tratados destacaron el régimen general de responsabilidad, las obligaciones y riesgos que surgen en situaciones de insolvencia o causa de disolución, así como las posibles derivaciones de responsabilidad por accidentes laborales, uno de los ámbitos de mayor riesgo jurídico en la actualidad.

La jornada —dirigida a colegiados, empleados acreditados, precolegiados y estudiantes de Relaciones Laborales— se desarrolló en modalidad presencial en Mallorca y retransmisión en streaming para Ibiza y Menorca, contando con una notable participación.

Buades Legal consolida su posición como despacho de referencia en las Illes Balears tras haber sido reconocido en 15 categorías dentro de la edición 2026 de The Best Lawyers en España, uno de los directorios internacionales más prestigiosos del sector legal.

En esta edición, seis abogados del despacho han sido distinguidos por su trayectoria y excelencia profesional en distintas áreas de práctica. Joan Buades, socio fundador, ha sido destacado en Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones y Derecho de la Hostelería y el Turismo; Miguel Reus mantiene su reconocimiento en Derecho de la Construcción; Mateo Juan repite presencia en Derecho Bancario y Financiero, Derecho Concursal y Litigación; Gabriel Buades ha sido reconocido en Derecho de la Hostelería y el Turismo; Marta Rossell en Gobernanza Corporativa y Compliance y Derecho del Seguro; y Luis Huerta en Derechos Fundamentales de las Personas, Derecho Laboral y Derecho de la Hostelería y el Turismo, entre las quince categorías en las que el directorio ha distinguido a los profesionales del despacho.

El reconocimiento otorgado por Best Lawyers —uno de los directorios internacionales más prestigiosos del sector legal— constituye un reflejo del compromiso continuo del despacho con la excelencia, la ética profesional y la confianza de sus clientes.

Acceso a la publicación oficial: https://www.bestlawyers.com/article/2026-best-lawyers-brazil-mexico-portugal-south-africa-spain/7097

El desayuno informativo “Prosperidad Compartida”, organizado por Prensa Ibérica y Diario de Mallorca, reunió el pasado 14 de noviembre en el Club Diario de Mallorca al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para exponer su visión sobre los grandes retos económicos y territoriales del país. En su intervención, Illa defendió la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de Cataluña y Baleares, así como la conveniencia de “dejar atrás los reproches” para construir un marco más justo y cooperativo entre ambas comunidades. También reivindicó la reciente condonación de deuda como “un acto de justicia a favor del interés general”. Al acto asistió en representación de Buades Legal Gabriel Buades, socio director de la firma.

La jornada reunió a destacadas personalidades del ámbito institucional, político y empresarial. Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; representantes del Govern balear y de la sociedad civil, así como directivos de los principales grupos empresariales de la isla. La amplia participación subrayó el interés por un debate que pone el foco en el futuro económico y territorial de Baleares y su papel en el conjunto del Estado.

Los días 7 y 8 de noviembre, los socios de Buades Legal celebraron su tradicional reunión plenaria anual, destinada a analizar el desarrollo del ejercicio que concluye y a revisar y ajustar los objetivos estratégicos de la firma para 2026 y los años siguientes.

En esta ocasión, las sesiones tuvieron lugar en el Aubamar Suites & Spa, el magnífico resort que el Grupo Aubamar Hotels gestiona en Playa de Palma.

A lo largo de las diferentes sesiones de trabajo los asistentes examinaron la evolución de los principales proyectos del despacho, las líneas de crecimiento previstas y las metas de consolidación en los distintos ámbitos de práctica, en un clima de reflexión serena, compromiso y confianza en el futuro.

Como es tradición, el encuentro concluyó con un almuerzo de compañerismo celebrado en el restaurante Mikel & Tapas, situado en los bajos del Hotel Garonda, también en Playa de Palma, al que se unieron Antonio Tugores y Daniel Olabarría, asociados principales de la firma. La jornada transcurrió en un ambiente de franca camaradería y cercanía, reafirmando los valores de cohesión y excelencia que caracterizan a Buades Legal.

Agradecemos a los equipos del Hotel Aubamar Suites & Spa y del restaurante Mikel & Tapas el trato y atenciones recibidas, en clara prueba de su profesionalidad y buen hacer, facilitando en todo momento el desarrollo de las actividades programadas.

La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM), cuya gerencia ostenta Mayra Argüelles, celebró el pasado 24 de octubre su gala anual reuniendo a más de 500 empresarios y representantes institucionales del sector en un acto que puso en valor el papel estratégico de los autónomos y las microempresas en el tejido empresarial de las Islas. Durante el evento, se proyectó el vídeo corporativo de la asociación, en el que intervino Joan Buades, socio director de Buades Legal, quien también acudió al evento en representación de la firma.

Durante la XIII edición de la Gala Lluminosa de ASINEM, celebrada bajo el lema «Cada empresa cuenta», se hizo entrega del Premio Lluminosa 2025 a la compañía TIRME, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. El evento, que contó con la presencia de destacadas autoridades políticas y empresariales, puso también de relieve la importancia del relevo generacional, homenajeando a profesionales jubilados e impulsando a los jóvenes instaladores que representan el futuro del sector.

El pasado 15 de octubre se celebró el acto de presentación de ISTMO – Archivo Humano de un Barrio, una iniciativa de la Fundación Othman Ktiri que utiliza el arte como herramienta de cohesión social y desarrollo comunitario. El proyecto, que se desarrolla en el barrio de Son Roca (Palma), cuenta con la colaboración del Projecte Socioeducatiu Naüm y Quindrop Producciones Audiovisuales, y busca implicar a jóvenes y familias en procesos creativos que fortalezcan el sentimiento de pertenencia y la participación cultural.

El socio director de Buades Legal, Joan Buades, asistió este evento que reunió a representantes institucionales, entre los que se encontraba el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entidades sociales y miembros de la comunidad. ISTMO se plantea como un modelo replicable en otros territorios, con el objetivo de conectar arte, educación y solidaridad para generar oportunidades y transformar la realidad social desde la cultura.

El jueves, día 9 de octubre, la Asociación de Constructores de Baleares, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, celebró la jornada informativa “Responsabilidad Empresarial derivada de Accidente de Trabajo”, un encuentro que reunió a numerosos profesionales del sector interesados en conocer las últimas novedades normativas en materia laboral y de seguridad. El evento contó con la participación de Luis Huerta, socio de Buades Legal y especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Huerta analizó los principales aspectos legales relacionados con la responsabilidad empresarial ante accidentes laborales, apoyándose en casos prácticos y ejemplos reales. La sesión despertó un gran interés entre los asistentes, que pudieron resolver dudas y compartir experiencias en un ambiente de aprendizaje y diálogo profesional.

Desde Buades Legal agradecemos la asistencia y participación de todos los asistentes, así como la colaboración de las entidades organizadoras por impulsar espacios de debate y formación en temas de gran relevancia para el sector de la construcción.

El equipo mercantil de Buades Legal, representado por los abogados Marta Payeras y Alberto de Juan, ha tenido el honor de asistir al evento “Futuro y competitividad del sector hotelero”, organizado por APD Baleares en las instalaciones del club de Golf Son Muntaner, con el apoyo de Marsh McLennan. Un encuentro que reunió a cerca de cien directivos del sector para analizar los grandes desafíos que enfrenta el turismo en nuestras islas.

Como despacho especializado en contratos del sector turístico y hotelero, nuestra participación nos permitió conectar con líderes del sector, compartir perspectivas jurídicas y conocer de primera mano las estrategias que están configurando el futuro del turismo en Baleares.

Durante la jornada se abordaron temas clave como la sostenibilidad, la transformación digital, la gestión del talento y los riesgos globales. También se destacó la importancia de la colaboración público-privada y el papel de la tecnología en la mejora de la competitividad.

Desde Buades Legal reafirmamos nuestro compromiso con el acompañamiento jurídico a empresas del sector, aportando soluciones adaptadas a un entorno cada vez más dinámico y exigente.