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Can Tàpera acogió la celebración del III Foro Activo Baleares, organizado por Prensa Ibérica bajo el título “Estrategia de gestión hotelera: diversidad de modelos, un solo objetivo”. El encuentro reunió a destacados representantes del sector turístico, empresarial e institucional para analizar la evolución de los modelos de gestión hotelera, las tendencias de inversión, la sostenibilidad y los retos que afronta una de las principales industrias de las Islas. Durante la jornada participaron directivos de grupos hoteleros, consultoras especializadas y compañías vinculadas al sector turístico, además de representantes del Govern balear. En representación de Buades Legal asistió Gabriel Buades, socio director de la firma.

El foro permitió abordar cuestiones clave para el presente y el futuro de la actividad turística, desde la necesidad de atraer inversiones con visión a largo plazo hasta la importancia de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación como factores de competitividad. Los ponentes coincidieron en destacar la capacidad de Baleares para liderar la transformación del sector turístico gracias a la experiencia acumulada por sus empresas y profesionales, así como a su apuesta constante por la modernización y la excelencia en la gestión.

El Hotel Valparaíso acogió el encuentro empresarial 9in1, una iniciativa impulsada por nueve compañías de referencia de distintos ámbitos vinculados a la construcción, la ingeniería, la tecnología, el diseño, la comunicación y los servicios especializados. La cita reunió a profesionales, empresarios y colaboradores en un entorno pensado para fomentar las sinergias, el intercambio de conocimiento y las oportunidades de colaboración entre sectores estratégicos para la economía balear. En representación de Buades Legal asistieron los socios directores de la firma, Miguel Reus y Mateo Juan. Entre las empresas participantes se encontraban además clientes del despacho como Vopsa y Ferratur.

El evento puso en valor la colaboración entre compañías con perfiles complementarios y una visión compartida basada en la innovación, la excelencia profesional y el desarrollo de proyectos de alto valor añadido. La jornada combinó la presentación de las empresas integrantes del colectivo con un espacio de networking que permitió reforzar relaciones profesionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la construcción, el turismo, el real estate y los servicios empresariales.

La jornada monográfica “Planes de reestructuración, insolvencia y viabilidad. Cuestiones polémicas y su trato en la reciente jurisprudencia”, celebrada en el Real Club Náutico de Palma, reunió a magistrados mercantiles, administradores concursales y abogados especializados para analizar los principales desafíos que afrontan actualmente las empresas en materia de reestructuración e insolvencia. Durante el encuentro se abordaron cuestiones de especial actualidad relacionadas con el crédito público, las derivaciones de responsabilidad, la homologación e impugnación de planes de reestructuración y el papel de los juzgados mercantiles en la evaluación de su viabilidad. En representación de Buades Legal asistió Cristina Conrado, abogada de la firma.

La sesión permitió conocer de primera mano la visión de destacados expertos del ámbito jurídico y judicial sobre la evolución de la normativa y la reciente jurisprudencia en materia concursal, ofreciendo una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias y debatir sobre las herramientas disponibles para garantizar la continuidad empresarial en escenarios de dificultad económica. La jornada concluyó con un espacio de networking entre los profesionales asistentes, favoreciendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en un ámbito de creciente relevancia para el tejido empresarial.

Hay conflictos laborales que, vistos por primera vez, parecen menores. Un vídeo, un baile, una parodia, una frase subida a redes. Nada, en apariencia, que merezca la máxima sanción del ordenamiento laboral. Sin embargo, cuando esos contenidos se graban dentro del centro de trabajo, en tiempo de prestación de servicios, con uniforme, y además se difunden públicamente identificando de forma más o menos clara a la empresa o al entorno profesional, la valoración jurídica cambia por completo.

Eso es, precisamente, lo que muestran de forma muy elocuente dos sentencias recientes dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Madrid el 16 y el 20 octubre de 2025, respectivamente. Ambas resuelven supuestos distintos en sus matices, pero extraordinariamente próximos en lo esencial: trabajadoras que, durante su jornada laboral, grababan y publicaban vídeos en TikTok desde el propio centro de trabajo. Y ambas llegan a la misma conclusión: el despido disciplinario es procedente.

No estamos ante una anécdota tecnológica. Tampoco ante una guerra cultural entre empresa y redes sociales. Lo que subyace en estas resoluciones es algo mucho más clásico y mucho más profundo: la vigencia plena del deber de buena fe contractual en un contexto digital. El problema no es TikTok. El problema es qué se hace con el tiempo de trabajo, con el espacio de trabajo, con la imagen de la empresa y con la confianza que sostiene toda relación laboral.

Así, la base de ambas resoluciones está en una idea muy clásica: la relación laboral no se limita a cumplir unas tareas, sino que exige un comportamiento leal y diligente. La transgresión de la buena fe contractual no exige necesariamente que exista un perjuicio económico cuantificable. Basta con que la conducta revele una quiebra grave de la confianza legítima de la empresa.

En este tipo de asuntos, lo decisivo no es que la persona trabajadora tenga una cuenta en TikTok, ni siquiera que suba vídeos. Lo relevante es cómo, cuándo y dónde se generan y difunden esos contenidos. Si las grabaciones se realizan en tiempo de trabajo, dentro del centro, con uniforme o en espacios identificables, y además se publican en perfiles de acceso público, la conducta deja de pertenecer al ámbito puramente personal y entra de lleno en el terreno de las obligaciones laborales.

A eso se suma otro factor decisivo: la reiteración. Un hecho aislado puede abrir el debate sobre la proporcionalidad de la sanción. Pero cuando lo que aparece es una práctica repetida, sostenida en el tiempo y exteriorizada públicamente, el juicio de gravedad cambia por completo.

La sentencia del TSJ de Cataluña: el centro de trabajo convertido en escenario habitual

El caso resuelto por el TSJ de Cataluña se refiere a una trabajadora que prestaba servicios como limpiadora en una escuela. La sentencia declara probado que publicó numerosos vídeos en TikTok grabados en aulas, pasillos, baños, vestuarios y otras dependencias del centro, en muchos casos vistiendo el uniforme de trabajo.

La resolución no se enfrenta a un episodio aislado, sino a una práctica constante. Bailes, canciones, escenas humorísticas y grabaciones repetidas dentro del centro durante la jornada. Además, existía una cláusula contractual expresa que prohibía el uso de teléfonos móviles durante la jornada laboral, incluso en vestuarios y zonas exteriores del recinto.

La Sala da especial relevancia a dos elementos. El primero, la infracción continuada de esa prohibición expresa. El segundo, que la empresa había recibido una valoración desfavorable del servicio de limpieza precisamente en la planta asignada a la trabajadora. No se trata de afirmar automáticamente que cada vídeo causara una concreta deficiencia, pero sí de valorar conjuntamente una dedicación reiterada a fines personales durante la jornada con un resultado objetivo insatisfactorio en el servicio prestado.

Con esos datos, el tribunal considera correctamente tipificada la conducta como falta muy grave por abuso de confianza, transgresión de la buena fe y perjuicio para la imagen de la empresa. Y rechaza cualquier posibilidad de rebajar la sanción.

La sentencia del TSJ de Madrid: cuando el contenido también compromete la imagen empresarial

La sentencia del TSJ de Madrid parte de un supuesto distinto en los matices, pero muy cercano en el fondo. La trabajadora era encargada de establecimiento y había grabado varios vídeos en TikTok durante su jornada, en el centro de trabajo y con uniforme. Algunos de esos vídeos contenían frases y mensajes de tono crítico, sarcástico o directamente ofensivo en relación con el entorno laboral.

Aquí la Sala destaca que la conducta no se agotaba en el mero hecho de grabarse, sino en utilizar el espacio laboral, la indumentaria profesional y la identificación visual del establecimiento para proyectar públicamente contenidos que comprometían la imagen de la empresa. Es decir, no era solo una distracción en jornada: era una exposición pública del trabajo y desde el trabajo, con una clara carga de desprestigio o crítica.

Resulta especialmente interesante que, en este caso, la trabajadora intentó apoyarse en la inexistencia de una prohibición expresa sobre el uso del teléfono móvil. Sin embargo, la Sala considera irrelevante ese dato. Y lo es porque la gravedad no deriva simplemente del uso del móvil, sino de la utilización desleal del centro, del tiempo de trabajo y de la imagen profesional para una difusión pública incompatible con los deberes de buena fe.

Valoración conjunta de ambas sentencias

Leídas en conjunto, estas dos resoluciones son muy expresivas de cómo los tribunales están afrontando la exposición digital de la actividad laboral. No castigan el uso de redes sociales como tal. Tampoco parten de una visión moralizante del comportamiento en internet. Lo que sancionan es otra cosa: la apropiación del tiempo y del espacio de trabajo para fines personales de difusión pública, con afectación a la prestación laboral o a la imagen empresarial.

En ambas sentencias aparecen los mismos factores de gravedad: grabación durante la jornada; utilización del centro de trabajo como escenario; presencia del uniforme o de signos identificativos del entorno profesional; difusión en una cuenta accesible al público; reiteración de la conducta; y aptitud objetiva para perjudicar la imagen de la empresa.

Hay, además, un dato muy significativo: el uniforme deja de ser un mero elemento accesorio y se convierte en un puente entre la esfera personal y la reputación empresarial. Cuando una persona se graba con uniforme, en el centro de trabajo y para una red abierta, la conexión con la empresa es inmediata. Y con ello aumenta la relevancia disciplinaria de la conducta.

También es importante subrayar que ninguna de las dos sentencias exige a la empresa una prueba matemática del daño económico. No hace falta demostrar exactamente cuántos clientes se perdieron ni cuántos minutos concretos se dejaron de trabajar. Lo que se valora es la quiebra de la confianza y la aptitud del comportamiento para afectar al servicio o al prestigio empresarial.

Conclusión

La enseñanza conjunta de estas dos sentencias puede resumirse con una idea clara: la espontaneidad digital no suspende los deberes laborales. La buena fe contractual sigue exigiendo diligencia, lealtad y uso adecuado del tiempo y del entorno de trabajo. Lo que ha cambiado no es el principio jurídico, sino el escenario en que se manifiesta su incumplimiento.

Cuando el centro de trabajo se convierte de forma reiterada en plató para redes sociales, cuando el uniforme pasa a formar parte de esa exposición pública y cuando el contenido difundido compromete la prestación o la imagen de la empresa, los tribunales están considerando que el despido disciplinario puede ser una respuesta plenamente proporcionada.

En definitiva, no son solo dos sentencias sobre TikTok. Son dos advertencias bastante serias sobre cómo opera hoy la buena fe contractual en la era digital.

La cadena mallorquina Blau Hotels & Resorts celebró en el hotel Blau Punta Reina, en Cala Mandia, un encuentro estratégico con más de 150 profesionales del sector turístico europeo para presentar oficialmente su nueva imagen corporativa e iniciar una nueva etapa de posicionamiento y transformación de marca. El evento reunió a representantes de agencias de viajes, turoperadores, empresas DMC y colaboradores internacionales procedentes de mercados clave para Baleares. En representación de Buades Legal asistieron Miguel Reus, socio director del despacho, y Roser Servera, abogada de la firma.

La jornada estuvo encabezada por el presidente del Grupo Roxa, Jordi Rosselló, quien reivindicó la evolución de Blau Hotels desde su fundación en 1990 y destacó el valor humano como motor de crecimiento de la compañía. El encuentro contó también con la participación del conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, quien puso en valor la trayectoria de la cadena y defendió la colaboración público-privada como elemento clave para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado y sostenible en Mallorca.

Los pasados días 14 y 15 de mayo se celebró en Barcelona el 30º Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El evento, que conmemoraba tres décadas de análisis ininterrumpido desde 1992, contó con la presencia en representación del despacho de Marta Rossell y Antonio Tugores, socia y abogado de la firma, respectivamente.

La jornada se ha consolidado como el congreso decano en esta materia a nivel estatal, reuniendo a más de doscientos expertos procedentes de la abogacía, la magistratura, el mundo académico y el sector asegurador. La cita abordó los grandes retos actuales de la responsabilidad civil, como la irrupción de la inteligencia artificial, los accidentes ferroviarios, los nuevos sistemas de resolución de conflictos (MASC), la responsabilidad bancaria ante fraudes digitales y los nuevos riesgos sociales . La 30ª edición estuvo dedicada a la memoria de Joan Maria Xiol Quingles, primer presidente de la Comisión de Responsabilidad Civil y Seguros del ICAB, y se vinculó solidariamente a la Fundación Institut Guttmann en el marco del proyecto “12 Congressos, 12 Causes”.

Buades Legal desea trasladar su felicitación a Miguel Fluxá con ocasión del reconocimiento recibido recientemente como Empresario del Año en el acto organizado por Mallorcadiario y celebrado en el Club de Mar de Palma.

El reconocimiento supone una merecida distinción a una de las figuras empresariales más relevantes y representativas de Mallorca, cuya trayectoria empresarial, capacidad de liderazgo y contribución al desarrollo económico y turístico de las Islas Baleares le convierten en un auténtico referente del empresariado mallorquín.

La firma quiere igualmente felicitar a Mallorcadiario por la iniciativa y por el acierto en la elección de Miguel Fluxá para esta distinción, en un acto que reunió a numerosos representantes del mundo empresarial, institucional, político y social de Mallorca y que contó con una importante asistencia de público.

Al acto asistió Joan Buades, socio director de Buades Legal, quien tuvo ocasión de departir tanto con don Miguel Fluxá como con otros empresarios y asistentes al encuentro, en un ambiente marcado por la cercanía y por el reconocimiento a una trayectoria empresarial ampliamente valorada dentro y fuera de Mallorca.

Desde Buades Legal queremos reiterar nuestra felicitación tanto a Miguel Fluxá como a Mallorcadiario por la organización de un acto que puso de relieve la importancia del tejido empresarial mallorquín y el valor de quienes, desde hace décadas, contribuyen decisivamente al crecimiento y proyección de nuestras Islas.

El pasado 8 de mayo se celebró la novena edición del Concurso de Oratoria Jurídica Buades Legal – Facultad de Derecho UIB, una iniciativa ya consolidada dentro del calendario académico de la Universitat de les Illes Balears. El acto, que tuvo lugar en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho, reunió a alumnado, profesorado y profesionales del ámbito jurídico en torno a una disciplina clave: la capacidad de argumentar y comunicar con rigor.

En esta edición los finalistas fueron Adrián Ebulabaté y Laura Vadell, estudiantes del Grado en Derecho de la UIB, quienes han protagonizado una final muy disputada. Tras las intervenciones y la posterior deliberación del jurado, Laura Vadell fue proclamada mejor oradora jurídica de la UIB, obteniendo el primer premio dotado con 900 euros. Por su parte, Adrián Ebulabaté resultó finalista, recibiendo un premio de 400 euros.

Asimismo, el Premio especial “DerechoUIB”, otorgado por votación del alumnado a través del Aula Digital de la Facultad entre los cinco vídeos finalistas, recayó en Adrián Ebulabaté, premiado con 200 euros.

La fase inicial del concurso se desarrolló entre el 13 de marzo y el 20 de abril, periodo en el que los participantes compartieron en Instagram sus vídeos con alegatos jurídicos o relatos de ficción de temática legal. Posteriormente, el jurado seleccionó los cinco mejores trabajos, que fueron sometidos a votación por parte del alumnado entre el 24 de abril y el 3 de mayo. Finalmente, el 4 de mayo se dieron a conocer los nombres de los dos finalistas que han competido en la jornada de hoy.

El tema elegido para esta edición fue: “Legalización vs. disciplina urbanística. Legalización extraordinaria de inmuebles en fincas rústicas”. Tras el sorteo inicial, cada participante defendió una postura —a favor o en contra—, disponiendo de tres minutos para la exposición inicial y de un minuto adicional para la réplica y conclusión, en un formato que permitió medir tanto la capacidad argumentativa como la agilidad en la confrontación de ideas.

El jurado encargado de evaluar las intervenciones estuvo compuesto por la decana, Aina Salom, y el vicedecano, Felip Alba, en representación de la Facultad de Derecho de la UIB, junto con Miguel Reus y Marta Rossell, en representación de Buades Legal como socio director y socia de la firma, respectivamente, además de la periodista y experta en oratoria, Maitane Moreno. Tras valorar aspectos como la claridad expositiva, la solidez jurídica y la capacidad de persuasión, el jurado emitió su veredicto final.

Con esta novena edición, el Concurso de Oratoria Jurídica Buades Legal – Facultad de Derecho UIB reafirma su apuesta por fomentar habilidades esenciales en el ejercicio de la abogacía, como la oratoria, el pensamiento crítico y la defensa argumentada de ideas en el ámbito jurídico.

Mateo Juan, socio director de Buades Legal, ha sido admitido como nuevo miembro del Club Español de la Litigación de los Negocios, una entidad que reúne a profesionales especializados en el ámbito de la litigación mercantil y empresarial pertenecientes a las firmas españolas más reputadas.

El Club Español de la Litigación de los Negocios es una plataforma que integra a algunos de los despachos y profesionales más prestigiosos del país en materia de litigación, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento, el análisis de la práctica procesal y la generación de debate jurídico de alto nivel en el ámbito empresarial.