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Child theme index:La suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional: análisis del artículo 2 del RDL 29/2026
1. Introducción y elementos comunes
El artículo 2 regula la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; es decir, los supuestos en los que el juez puede paralizar un desahucio porque la persona afectada no tiene a dónde ir.
El precepto diferencia dos situaciones, que dependen de quién es el propietario que solicita el desahucio: por un lado, cuando se trata de una entidad especulativa y, por otro, cuando se trata de cualquier otro propietario. No obstante, antes de analizar en qué se diferencian, conviene detenerse en lo que tienen en común.
En ambas situaciones se trata de una medida temporal, que se aplica desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, en ambas es el inquilino, como parte demandada, quien debe solicitar la suspensión, y para ello debe cumplir los mismos dos requisitos: encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada mediante informe de los servicios sociales o por aplicación de los criterios del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tener alternativa habitacional, es decir, otro lugar donde vivir. Por último, en ambas el desahucio puede suspenderse aunque ya se haya dictado sentencia o se haya acordado el lanzamiento, siempre que este no se haya ejecutado todavía.
Hasta aquí, los elementos comunes. A partir de este punto, el régimen aplicable depende de la parte actora, es decir, del propietario.
2. Primera situación: entidades especulativas
La primera situación se produce cuando el propietario es una entidad especulativa. El artículo la define como «toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado, ambas con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales».
Asimismo, excluye expresamente a los «entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público, cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible».
En este caso, cuando la parte actora es una entidad especulativa, el régimen es más favorable para el demandado que en el segundo supuesto: una vez solicita la suspensión y acredita los requisitos comunes, es decir, su situación de vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional, el tribunal suspende el proceso mediante auto,
sin necesidad de pedir informe a la Administración ni de exigir requisitos adicionales. Y ello con independencia de que el proceso se hubiera suspendido o no previamente conforme al artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este trato más estricto con las entidades especulativas responde a la voluntad del legislador de frenar la especulación con la vivienda.
3. Segunda situación: cualquier otro propietario
En cambio, cuando el propietario es cualquier otro (por ejemplo, un particular o una empresa que no se dedica a especular), la norma no es tan tajante. Aquí intenta buscar un equilibrio entre el inquilino y el propietario, y por eso el procedimiento es más complejo. Además, este régimen solo se aplica cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.Dos.
En esta situación, además de los requisitos comunes, se exige uno adicional: que la Administración pública competente no haya ofrecido a esa persona una alternativa habitacional digna y adecuada. Por eso, el tribunal no suspende directamente, sino que antes solicita un informe a la Administración, por el cauce que haya designado cada comunidad autónoma, dirigido a la Administración competente en materia de vivienda y servicios sociales según la legislación autonómica. En ese informe, la Administración debe indicar expresamente qué recursos tiene disponibles y, además, ofrecerlos.
Conviene precisar que, según el apartado 3 del artículo, las referencias a la Administración en materia de vivienda, servicios sociales, intermediación o provisión de alternativas habitacionales se entienden hechas a la que resulte competente conforme a la legislación autonómica y a su propia organización institucional.
A partir de ahí caben dos escenarios. Si la Administración no responde, o responde que no cuenta con recursos, el tribunal suspende el proceso, y lo mantiene suspendido hasta que se adopten las medidas necesarias y se garantice a esa persona una alternativa habitacional adecuada.
Ahora bien, esta suspensión no es indefinida. El tribunal la revisa cada doce meses para comprobar si subsisten la vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional que la motivaron. La suspensión se levanta en cualquiera de estos cuatro casos:
Además, como la suspensión supone un perjuicio para el propietario, que deja de disponer de su vivienda, el artículo prevé que sea compensado. En el propio auto de suspensión, el tribunal establece que esa compensación correrá a cargo de la Administración competente en materia de vivienda. No obstante, no todos los propietarios tienen derecho a ella: solo el demandante que sea persona física o la persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible o social, de modo que una empresa que no se dedique a este tipo de alquiler no recibe compensación.
En cuanto a su contenido, la compensación comprende, como máximo, la renta contractual dejada de percibir, los suministros impagados y las costas procesales. En cambio, no son compensables el lucro cesante hipotético, es decir, las ganancias que el propietario estima que podría haber obtenido, ni los daños morales. Si, una vez acordada por el tribunal, la Administración se retrasa en el pago, deberá abonar también los intereses que correspondan conforme a la legislación aplicable. En todo caso, ni la suspensión ni la compensación eliminan la obligación del inquilino de mantenerse al corriente de la renta debida.
Para hacer frente a estos gastos, las comunidades autónomas pueden recurrir a la línea de ayudas del Estado prevista en el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre, destinada a cubrir los impagos de alquiler de jóvenes y colectivos vulnerables. En el País Vasco y Navarra, dado su régimen económico y financiero propio, esta financiación se acuerda de forma bilateral con el Estado.
Por otra parte, dentro de este segundo supuesto el artículo establece dos casos en los que, aun cumpliéndose los requisitos, no procede la suspensión, pensados para proteger al pequeño propietario:
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en vigor desde el 8 de octubre y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, incluye un amplio paquete de medidas sobre vivienda. Una de las que más efectos va a tener en el mercado de compraventa está en su artículo 1: un precio mínimo para ciertas compras de vivienda, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2030.
¿Qué establece la norma?
La premisa de la regla es sencilla: Determinados compradores no pueden adquirir una vivienda gratis ni por un precio inferior al 70 % de su valor de mercado.
No es una prohibición de comprar: los fondos de inversión y las sociedades afectadas pueden seguir adquiriendo vivienda, siempre que el precio llegue a ese umbral. Según el Gobierno, la medida busca limitar las adquisiciones con descuentos muy elevados, habituales en la compra de viviendas ocupadas o de carteras de hipotecas impagadas.
¿A quién afecta y a quién no?
El límite alcanza a tres tipos de comprador:
Quedan fuera las personas físicas. Un particular puede seguir comprando una vivienda por el precio que pacte libremente con el vendedor, aunque sea muy bajo.
El límite se aplica a viviendas ya construidas y en uso y a las de obra nueva que tengan certificado final de obra. No afecta a la compra de solares ni de viviendas en construcción.
¿Cómo se calcula el 70 %?
El valor de mercado no lo fijan las partes:
Para comprobar si se llega al 70 % se suma todo lo que entrega el comprador: el precio, las deudas que asume y cualquier otra ventaja económica que dé al vendedor, directamente o a través de terceros.
Excepciones
El límite no se aplica cuando la compra se destina a:
También quedan exentos los compradores adheridos a un Código de Buenas Prácticas que tiene que aprobar el Consejo de Ministros y que incluirá, entre otras cosas, el compromiso de ofrecer alternativa habitacional a los ocupantes vulnerables. Hay un detalle importante: a la fecha de este artículo el Código todavía no se ha aprobado, de modo que esta vía de exención no está disponible por ahora.
Operaciones en curso y subastas
¿Qué pasa si se vende por debajo del 70 %?
El Real Decreto-ley no lo dice expresamente: no establece multas ni regula qué ocurre con la compraventa. A falta de una previsión específica, la interpretación más sólida es que se aplica la regla general del Código Civil: un contrato que vulnera una norma imperativa es nulo. Las partes tendrían que devolverse lo que se entregaron: la vivienda al vendedor y el precio al comprador.
No hay base legal para obligar al comprador a pagar la diferencia hasta el 70 %, ni para exigir pago alguno a la Administración. En la práctica, el control más eficaz será preventivo: lo previsible es que notarios y registradores exijan acreditar la tasación y la condición del comprador antes de autorizar o inscribir la operación.
¿Qué implica en la práctica?
El abogado de Buades Legal Daniel Olabarría participó el pasado 19 de noviembre en el encuentro anual de socios de ABINI (Asociación Balear de Inmobiliarias), celebrado en el Real Club Náutico de Palma, donde impartió una charla sobre las últimas novedades legislativas que afectan al sector inmobiliario.
Durante su intervención, Olabarría abordó las principales novedades en materia de arrendamientos y las relaciones entre propietarios e inquilinos, así como las nuevas limitaciones y condiciones legales para la adquisición de viviendas por parte de sociedades. El encuentro reunió a profesionales del sector en una jornada dedicada a la actualización normativa y al intercambio de conocimientos y experiencias.
Videoblog | Los programas de compliance y su importancia para las empresas hotelerasLa abogada de Buades Legal, Marta Payeras, analiza en el programa de televisión de Hosteltur TV cómo los programas de compliance que permiten a las empresas hoteleras prevenir riesgos y evitar o atenuar su responsabilidad penal mediante modelos de prevención eficaces, protocolos, formación y supervisión.
Los días 17 y 18 de noviembre, las abogadas del área de Derecho Penal y Prevención de Delitos (Compliance) de Buades Legal, Marta Rossell y Marta Payeras, impartieron en el Teatre Mar i Terra de Palma una formación al personal de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) sobre su Modelo de Prevención de Riesgos Penales.
Las sesiones forman parte del proyecto de revisión y actualización del Plan de Prevención de Riesgos Penales de la SMAP que el despacho ha desarrollado juntamente con la SMAP. Durante las mismas se explicaron a los trabajadores de aparcamientos, ORA, BiciPalma y servicios centrales las nuevas políticas y normas internas de la sociedad.
Con esta formación la SMAP refuerza su cultura de cumplimiento y da un paso más en la implantación efectiva de su modelo de compliance penal.
Cuando pagar no libera: el fraude del cambio de cuenta bancaria en las relaciones comerciales.Recibir una factura, realizar la transferencia y descubrir después que el destinatario nunca ha recibido el dinero. Esta es una situación cada vez más frecuente como consecuencia de una modalidad de fraude que consiste en manipular los datos bancarios de las facturas para desviar los pagos a cuentas controladas por terceros.
El engaño puede pasar fácilmente inadvertido: la factura procede de la dirección de correo habitual del proveedor, mantiene el mismo formato de siempre y aparentemente no presenta ninguna anomalía. Sin embargo, el número de cuenta ha sido modificado. Cuando las partes descubren lo sucedido, el dinero ya ha sido transferido y su recuperación puede resultar especialmente difícil. Ante esta situación surge una cuestión con importantes consecuencias jurídicas: ¿queda liberado quien ha realizado el pago o sigue obligado a abonar la factura al verdadero acreedor?
El fraude conocido como man in the middle consiste en la interceptación de las comunicaciones entre acreedor y deudor, normalmente mediante el acceso al correo electrónico de alguna de las partes o la utilización de direcciones prácticamente idénticas a las legítimas. El delincuente aprovecha esa información para alterar el IBAN de una factura o comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria, desviando así el pago a una cuenta bajo su control.
La proliferación de estas prácticas ha llevado incluso al legislador europeo a introducir nuevas medidas de protección. Desde el 9 de octubre de 2025, el Reglamento (UE) 2024/886 obliga a las entidades prestadoras de servicios de pago a verificar la correspondencia entre el nombre del beneficiario y el titular del IBAN y a advertir al ordenante cuando exista alguna discrepancia. Sin embargo, esta medida no resuelve la cuestión civil de fondo: determinar si el pago efectuado a una cuenta fraudulenta extingue la obligación frente al verdadero acreedor.
El pago a un tercero: ¿cuándo libera al deudor?
El artículo 1162 del Código Civil establece que el pago debe realizarse a la persona en cuyo favor está constituida la obligación o a quien esté autorizado para recibirlo. Excepcionalmente, el pago a un tercero puede producir efectos liberatorios cuando se haya convertido en utilidad del acreedor (artículo 1163) o cuando se haya realizado de buena fe a quien estaba en posesión del crédito (artículo 1164).
Es precisamente este último precepto el que suele invocar quien ha pagado al estafador. No obstante, la buena fe exigida no equivale a la mera convicción subjetiva de estar pagando correctamente. Como ya señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de octubre de 1998, quien se presenta como acreedor debe ofrecer una apariencia «adecuada, razonable, objetivamente verosímil». Se exige, por tanto, una buena fe objetiva, valorada conforme a la diligencia exigible en cada caso. No basta con desconocer el fraude: quien invoca el efecto liberatorio del pago debe acreditar que actuó con la prudencia necesaria, conforme a las reglas de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Qué están diciendo los tribunales?
Las Audiencias Provinciales han abordado ya numerosos supuestos de fraude de facturas, y algunas resoluciones recientes permiten identificar los criterios que están inclinando la balanza hacia la responsabilidad del deudor cuando no ha adoptado unas mínimas precauciones.
La Audiencia Provincial de Salamanca, en su sentencia 758/2025, de 1 de diciembre, examinó el caso de un comprador que recibió desde la propia cuenta de correo electrónico del vendedor, previamente intervenida, una comunicación anunciando un cambio de cuenta bancaria. El comprador efectuó el pago sin llamar a su proveedor ni solicitar un certificado de titularidad. La Sala entendió que no había acreditado la diligencia exigible a un ordenado empresario, que comporta «un plus» respecto de la del buen padre de familia. En consecuencia, el pago no liberó al deudor de su obligación frente al verdadero acreedor.
En la misma línea, la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3.ª, en su sentencia 393/2026, de 29 de mayo, rechazó que el hecho de recibir la factura desde la dirección corporativa legítima del acreedor eximiera al deudor de realizar comprobaciones adicionales. Para la Sala, una simple llamada telefónica habría permitido verificar el cambio de cuenta, especialmente teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de fraudes. Tampoco fue suficiente haber presentado denuncia e intentado recuperar el importe mediante la retrocesión de la transferencia: la buena fe subjetiva no suplía la falta de diligencia.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 6.ª, en su sentencia 340/2026, de 18 de junio, revocó una resolución favorable al deudor al considerar que este debería haber advertido las anomalías existentes en las comunicaciones. La factura original se había enviado desde el dominio corporativo del acreedor y, apenas veinte minutos después, se recibió otra con distinto IBAN desde una dirección ajena a dicho dominio y sin incluir al responsable habitual. La Sala entendió que lo razonable habría sido contrastar la información antes de ordenar la transferencia.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Huesca, en su sentencia 407/2026, de 9 de septiembre, negó eficacia liberatoria al pago incluso cuando los mensajes fraudulentos procedían de la propia cuenta de correo del acreedor. La Sala consideró que un cambio de cuenta bancaria, incluso de entidad, «de un día para otro y sin ninguna explicación» debía haber despertado las sospechas del pagador.
De estas resoluciones se desprende que los tribunales tienen en cuenta las circunstancias en las que se produjo el fraude. Entre ellas, si existía una relación comercial previa y una cuenta bancaria utilizada habitualmente, si el cambio se comunicó de forma inesperada o si había algún indicio que pudiera hacer sospechar al pagador.
La prevención como mejor defensa
En este tipo de operaciones, la prevención resulta fundamental. Ante cualquier comunicación que anuncie una modificación de los datos bancarios habituales de un proveedor, resulta aconsejable verificar su autenticidad por un medio distinto del correo electrónico recibido, contactando directamente con el acreedor a través de un teléfono previamente conocido. Asimismo, la solicitud de un certificado de titularidad bancaria y la implantación de mecanismos de doble validación para las transferencias de mayor importe constituyen medidas que pueden evitar el fraude y, llegado el caso, acreditar la diligencia del pagador.
Por su parte, los proveedores deben adoptar medidas adecuadas para proteger sus sistemas de comunicación y establecer protocolos que permitan a sus clientes verificar cualquier modificación de sus datos bancarios. Asimismo, si tienen conocimiento de una posible vulneración de sus sistemas, resulta fundamental que lo comuniquen a sus clientes a la mayor brevedad, evitando así que terceros puedan aprovecharse de la situación para desviar los pagos.
Si el fraude ya se ha producido, resulta fundamental actuar con rapidez. Es importante comunicarlo inmediatamente a la entidad bancaria, presentar la correspondiente denuncia y conservar los correos electrónicos originales, incluidas sus cabeceras técnicas. Esta documentación puede resultar esencial para esclarecer cómo se produjo la manipulación y determinar la actuación de cada una de las partes. En este sentido, el análisis pericial informático puede desempeñar un papel decisivo en un eventual procedimiento judicial.
El fraude man in the middle plantea, en definitiva, un problema que va más allá de la seguridad de las transferencias, ya que obliga a determinar hasta dónde alcanza la protección del deudor que paga convencido de estar cumpliendo con su obligación.
Los tribunales vienen recordando que no todo pago realizado de buena fe produce necesariamente efectos liberatorios. La solución dependerá de las circunstancias de cada caso y, especialmente, de la diligencia con la que hayan actuado tanto quien realiza el pago como quien emite la factura. La existencia de indicios que pudieran alertar del fraude, las comprobaciones realizadas antes de ordenar la transferencia y la actuación del acreedor pueden resultar determinantes para establecer quién debe asumir finalmente las consecuencias del engaño.
Buades Legal celebra su reunión anual de sociosLos días 13 y 14 de noviembre, los socios de Buades Legal celebraron su tradicional reunión anual en el Hotel Victoria Gran Meliá de Palma, con el propósito de analizar la evolución del ejercicio 2026 y establecer las previsiones, objetivos y líneas de actuación de la Firma para 2027.
Durante las sesiones se examinaron los principales aspectos relacionados con la marcha de la Firma, en un contexto económico y profesional marcado por la incertidumbre y los constantes cambios. Este ejercicio de reflexión, análisis y planificación constituye una responsabilidad compartida por los socios y una práctica consolidada en la organización y dirección de la Firma.
Los asistentes valoraron también con especial satisfacción los 18 reconocimientos obtenidos por los profesionales de Buades Legal en la edición 2027 del prestigioso directorio internacional Best Lawyers, correspondientes a seis abogados del despacho en diferentes especialidades jurídicas. Entre estas distinciones destaca el reconocimiento a Joan Buades, socio fundador de la firma, como «Lawyer of the Year 2027» en Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones en Palma de Mallorca, un galardón que se concede a un único profesional por especialidad y ámbito geográfico, dándose la circunstancia de que ese reconocimiento ha coincidido en el tiempo con la concesión de la insignia de oro por el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears en reconocimiento a sus 47 años de colegiación en el ICAIB.
Buades Legal desea expresar su especial agradecimiento a la dirección y a todo el equipo del Hotel Victoria Gran Meliá por las atenciones dispensadas y la profesionalidad de sus servicios, que contribuyeron al excelente desarrollo de este encuentro anual.
Buades Legal suma 18 reconocimientos en Best Lawyers 2027 y Joan Buades recibe el premio «Lawyer of the Year» en PalmaSeis abogados de la firma figuran en la nueva edición del directorio internacional
Buades Legal ha obtenido 18 reconocimientos en la edición 2027 de The Best Lawyers in Spain, que distingue a seis abogados de la firma en distintas especialidades. Entre ellos destaca Joan Buades, socio fundador, elegido «Lawyer of the Year» en Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones en Baleares. Este galardón se concede a un único abogado por especialidad y ámbito geográfico, a partir de la valoración de otros profesionales.
Joan Buades también figura en el directorio en cuatro áreas: Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones; Derecho de la Empresa Familiar; Derecho de la Hostelería y el Turismo; y Derecho de Viajes.
Los otros cinco profesionales reconocidos son Miguel Reus (Derecho de la Construcción); Mateo Juan (Derecho Bancario y Financiero, Gobernanza Corporativa y Compliance, Derecho Concursal y Litigación); Gabriel Buades (Derecho de la Hostelería y el Turismo, Derecho de Inversiones y Derecho Fiscal); Marta Rossell (Gobernanza Corporativa y Compliance, Derecho de Familia y Derecho del Seguro); Luis Huerta (Derechos Fundamentales de las Personas, Derecho de los Beneficios Sociales de los Empleados y Derecho de la Hostelería y el Turismo).
Estas distinciones abarcan la gran mayoría de las áreas de práctica de Buades Legal, poniendo de manifiesto la amplitud y diversidad de los servicios jurídicos que ofrece la firma.
La selección de Best Lawyers se basa en evaluaciones entre abogados y pone de relieve la especialización de los profesionales reconocidos y la diversidad de áreas de práctica del equipo de Buades Legal.
Acceso a la publicación oficial: https://www.bestlawyers.com/article/2027-best-lawyers-brazil-mexico-portugal-spain/8623
El ICAIB distingue a Joan Buades por sus 47 años de colegiación
El viernes 13 de noviembre, el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) entregó en su sede de Palma la insignia de oro a quienes este año cumplen 47 años de colegiación. Entre los homenajeados estuvo Joan Buades Feliu, fundador y socio director de Buades Legal, que se incorporó al Colegio en 1979 tras sus primeros años de ejercicio en Madrid y Barcelona.
En nombre de los homenajeados, Joan Buades recordó cómo la Transición marcó a su generación de abogados y reivindicó la confianza del cliente, la lealtad entre compañeros y la defensa de la independencia judicial. Desde Buades Legal agradecemos al ICAIB, a su decano, Martí Aleñar, y a la Junta de Gobierno la sensibilidad que han mostrado al reconocer tantos años de dedicación a la abogacía y a la vida colegial.
En el mismo acto, María Isabel Perelló Doménech, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, recibió el Premio Degà Miquel Frontera a la Ética Jurídica, en su 14.ª edición. Desde Buades Legal la felicitamos por una distinción que reconoce su trayectoria y su firme determinación en defensa de la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho y garantía de los derechos de la ciudadanía. En un momento difícil para la judicatura, valoramos especialmente la capacidad y la sensibilidad con las que ejerce una responsabilidad de la que depende la confianza en la justicia de la sociedad. Firmeza y determinación como la demostrada por la homenajeada permiten mantener la fe y la esperanza en el Estado de Derecho.
Damos también la bienvenida a las nuevas abogadas y al nuevo abogado que prestaron juramento o promesa y recibieron la toga. Les deseamos entusiasmo, independencia de criterio y pasión por el oficio. Les deseamos, sobre todo, que ejerzan con propósito, porque escuchar a quienes depositan su confianza en nosotros y defender sus derechos es lo que da sentido al trabajo diario de la abogacía.
Cristina Conrado asiste a la 8ª edición de los Talleres de Otoño sobre Concurso de Acreedores, Reestructuración e InsolvenciasLa abogada de Buades Legal, Cristina Conrado, ha asistido a la octava edición de los Talleres de Otoño sobre Concurso de Acreedores, Reestructuración e Insolvencias, celebrada el pasado 6 de noviembre en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB), en Palma. La jornada reunió a profesionales del ámbito jurídico y económico para abordar las principales novedades y cuestiones de actualidad en materia concursal.
Organizado por APACSA y Estrategia de Congresos, en colaboración con el ICAIB y el Colegio de Economistas de las Illes Balears, el encuentro contó con un programa de conferencias y talleres especializados sobre jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, planes de reestructuración, exoneración del pasivo concursal y liquidación concursal, entre otras cuestiones.