Marco Alarcón se alza con el V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB

El subcampeonato ha recaído en la estudiante Paulina García, mientras que el premio del público también ha ido a parar a manos del ganador del campeonato

El pasado viernes, día 29 de abril, el Aula AA22 de la Facultad de Derecho de la UIB fue el escenario elegido para la celebración de la gran final del V Concurso de Oratoria Bufete Buades – Facultad de Derecho UIB, en la que el estudiante de Grado de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, Marco Alarcón, se convirtió en el mejor orador jurídico de la UIB, imponiéndose en una disputada final a su compañera Paulina García. El ganador, premiado con un cheque por valor de 900€, también se alzó con el Premio especial del público, valorado en 200€, mientras que la finalista y segunda clasificada se llevó otro por un importe de 400€.

El tema de debate escogido para la confrontación dialéctica fue: “La libertad de expresión. ¿El humor lo permite todo? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión amparada en el humor?«. Ambos finalistas debieron preparar la defensa de las dos posiciones posibles, a favor de un derecho a la libertad de expresión que puede entenderse que amplía sus límites cuando se hace uso del humor; y en contra de que amparados en el humor puedan resultar aceptables ataques al honor o a la intimidad de las personas. Tras el sorteo inicial para determinar qué posición concreta debía defender cada aspirante, así como el orden de sus intervenciones, el turno inicial correspondió a Paulina García que tuvo la responsabilidad de argumentar su posición favorable a no establecer límites a la libertad de expresión más allá de los que ya vienen claramente definidos en la Constitución. Tras los tres minutos de exposición, Marco Alarcón tuvo que defender la tesis opuesta durante el mismo espacio de tiempo. A la conclusión de ambas intervenciones, cada candidato dispuso de dos minutos adicionales para la réplica y la presentación de sus conclusiones.

El jurado, compuesto por los profesores de la Facultad de Derecho de la UIB, Francisco Antonio Vaquer y José Luis Mateo, junto con los abogados de Bufete Buades, Miguel Reus, socio director de la firma, y Mateo Juan, socio de la misma, y la especialista en oratoria, Xesca Vidal, se retiró a deliberar. La socia directora del despacho, Marta Rossell, ejerció de portavoz pronunciando el discurso de agradecimiento en nombre del bufete, hizo las veces de portavoz tomando la palabra para dirigirse a la audiencia con el propósito de poner en valor la fantástica organización llevada a cabo por la Facultad de Derecho.

Minutos después se anunciaba el nombre del ganador de la quinta edición de esta competición: Marco Alarcón se había convertido en el nuevo vencedor del V Concurso de Oratoria Jurídica Bufete Buades – Facultad de Derecho de la UIB. 

Durante las semanas previas a esta gran final, tuvo lugar la celebración de una primera fase de este quinto campeonato de oratoria jurídica, que se desarrolló entre el 7 de marzo al 1 de abril en Instagram, en la que cualquier alumno matriculado en los Grados de Derecho, Relaciones Laborales o doble titulación Derecho y Administración y Dirección de Empresas, podía grabar un vídeo en el que se le viera y escuchara exponiendo un alegato jurídico o un breve relato de ficción de temática jurídica, ambos originales, que debían contener la etiqueta #OratoriaBufeteBuades. De entre todos los participantes, el jurado escogió a los cinco mejores vídeos y de entre éstos, a su vez, a los dos alumnos finalistas.

Durante el evento de esta Gran Final, se presentó también el denominado Premio especial del Público. Para ello, se compartieron en la cuenta de Instagram de la Facultad de Derecho, @DerechoUIB, los 5 vídeos finalistas, previamente elegidos por el jurado, resultando ganador del premio aquel que hubiera acumulado más votos entre el alumnado en una encuesta creada a tal efecto en el Aula Digital de la Facultad, disponible hasta el 13 de abril. El triunfador en esta categoría fue, nuevamente, Marco Alarcón.

«La responsabilidad subjetiva se erige sobre la responsabilidad objetiva en las muertes producidas en las residencias de ancianos», por Marta Rossell en ‘Salut i Força’

La socia directora de Buades Legal, Marta Rossell, firma un nuevo artículo en Salut i Força‘, el periódico sanitario de referencia en Baleares, en el que analiza, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, cómo las residencias serán responsables en las en las muertes producidas en las residencias de ancianos durante la pandemia del Covid, si se demuestra la efectiva culpabilidad, negligencia, dolo y/o mala fe en el desempeño de su labor, cual es, el cuidado y vigilancia de los internos.

Buades Legal asiste a la jornada sobre circularidad en pymes en el sector de la construcción organizado por la CAEB

El socio director de la firma, Miguel Reus, junto con la abogada, Aina Gotarredona, han asistido a la jornada «Retos, oportunidades y experiencias de economía circular en pymes de construcción«, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) este jueves, día 26 de enero.

La sesión estaba orientada a recordar el papel clave que tiene y tendrá la circularidad para el sector de la construcción, todo ello enmarcado en el tránsito hacia la sostenibilidad mediante una charla-coloquio en la que participaron José Mª Bauzá, director general de Mac Insular, Pedro Mir, consejero de Vopsa y presidente de la comisión de contratistas de la Asociación de Constructores de Baleares, moderados por Isabel Roser, fundadora- senior advisor Hilo Sostenibilidad.

Aspectos relevantes del nuevo reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA

El pasado 16 de diciembre de 2022 fue aprobada la nueva edición del Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (RFAF) en la sesión del Consejo de la FIFA celebrada el mismo día, lo que supone una especie de vuelta a los orígenes. Este nuevo Reglamento entró en vigor el pasado 9 de enero, si bien, hasta el 1 de octubre de 2023 no entrará en vigor todo su articulado.

La noticia ha generado mucha crispación en los agentes que ven aminoradas sus posibilidades de ejercicio profesional y cobro de comisiones, pero antes de ahondar en esta cuestión, es pertinente explicar los que, considero, son los seis pilares fundamentales del nuevo Reglamento de agentes:

a) Retorno del sistema de licencias obligatorias y de los exámenes: será preciso que previamente se apruebe un examen. Esta medida, cuyo objetivo principal es elevar el nivel profesional, no solo consistirá en un examen, si no que contendrá medidas de perfeccionamiento y un requisito de desarrollo profesional continuo. Deberán superarse una cantidad de créditos anuales para poder renovar la licencia. (Artículos 4 y 6 y siguientes RFAF).

b) Reasunción por parte de FIFA de la competencia para conocer de las disputas: FIFA volverá a ser competente para conocer de las controversias internacionales que se susciten entre los agentes, jugadores y clubes. (Artículo 20.1.a) RFAF).

c) Publicación del trabajo relacionado con los agentes: con el motivo de aumentar la transparencia, mejorar la credibilidad del sistema de transferencias y apoyar la aplicación de nuevas normas se deberá publicar todo el trabajo relacionado con los agentes en las transferencias de futbolistas siguiendo la línea marcada por el Informe sobre la Actividad de los Intermediarios.

d) La creación de una Cámara de Compensación que centralice el pago de las comisiones: se obliga a que todas las comisiones de los agentes se paguen a través de esta cámara, aunque inicialmente, únicamente funcionará para gestionar los pagos por la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad.

La reciente Circular nº 1817de la FIFA de 8 de noviembre de 2022 informa a sus federaciones miembro de que las operaciones de la Cámara de Compensación de la FIFA comenzarán el 16 de noviembre de este mismo año (Artículo 14.13 RFAF).

e) Prohibición de la triple representación (la doble seguirá estando permitida): se mantiene la posibilidad de la doble representación, pero limitada al supuesto que el agente representa al mismo tiempo al jugador y al club comprador (artículo 12.8 RFAF).

f) Limitaciones a las comisiones de los agentes: se establece un tope a las comisiones que perciben los agentes, siendo el umbral máximo el 3% del salario del jugador en los casos que realicen funciones de agencia en representación del jugador o del club jugador. Se excepciona en los casos de la doble representación (jugador y club comprador), en cuyo caso la comisión podrá llegar a ser hasta el 6% del salario del jugador. En el caso de que el agente actúe en representación del club vendedor, la comisión será limitada a un máximo de un 10% del importe de la transferencia.

Eso sí, si el salario anual del futbolista cliente del Agente no supera los 200.000 USD o su equivalente en euros, los límites a las comisiones son algo más laxos, pasando a ser el umbral máximo el 5% del salario del jugador en el primer caso, y del 10% em los dos siguientes (doble representación y representación del club vendedor). Así lo dispone el artículo 15 de RFAF.

Si bien los cuatro primeros puntos han sido acogidos de manera positiva, los relativos a la prohibición de la triple representación y a la limitación en las comisiones han eclipsado todo el debate. De hecho, la Asociación Europea de Agentes ya ha anunciado que denunciará el Reglamento ante los Tribunales de la Unión Europea por entender que es contrario a las leyes de competencia consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

En cambio, el Chief Legal Officer de FIFA, D. Emilio García Silvero, se muestra confiado.  En una entrevista concedida a los alumnos de Sports Law Institute, considera que las limitaciones introducidas son compatibles con el derecho comunitario y confía en que así se confirme por los tribunales. A su vez, defiende que los agentes, al no estar limitada su comisión, han cometido numerosos abusos (lavado de dinero, comisiones ilegales…) y que cree que “imponer alguna serie de condiciones de sentido común en el mercado será bueno”.

La cuestión que personalmente se me plantea es la de siempre: ¿no pagarán justos por pecadores? Me preocupa que esta nueva regulación, a quién realmente afecte, sea a los agentes menos importantes. Mientras que los “superagentes”, que se ven inmersos en transferencias millonarias y sueldos de jugadores excesivos, podrán continuar ingresando buenos valores aplicando los nuevos porcentajes, los más humildes, no. La medida adoptada de aplicar un límite máximo superior (únicamente un 2% de diferencia) para los salarios menores o iguales a 200.000 USD no me parece que vaya a solucionar este problema. De este modo, es posible que se cree un mercado más pequeño con los agentes más ricos, dejando de prestar servicios los demás por no ser rentable la profesión o intentando cobrar sus comisiones por otras vías fraudulentas.


Jorge Mir de Leonardo,

Estudiante en prácticas en Buades Legal.

Miguel Reus es entrevistado en Diario de Mallorca sobre la futura ley de vivienda

El socio director de Buades Legal, Miguel Reus, es consultado en las páginas de Diario de Mallorca en un amplio reportaje sobre las particularidades de la futura ley de vivienda de Balears, que prevé modificar la condición de gran tenedor que pasaría a ser aquella empresa o persona que poseyera más de 4 viviendas.

Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, en materia de arrendamientos

El pasado día 1 de enero entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad que, entre otras muchas, adopta una serie de medidas en relación con los arrendamientos de vivienda.

  1. Prórroga de la limitación a la actualización de la renta.

Siendo que el Índice de Precios de Consumo se mantiene en un porcentaje elevado y que el mismo viene siendo utilizado como índice de referencia para actualizar, entre otros, las rentas, se extiende hasta día 31 de diciembre de 2023 la limitación a la actualización anual de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia del contrato. Así, esta actualización, no podrá exceder la variación anual del Índice general de competitividad a la fecha de actualización, que hoy por hoy, tiene un valor máximo del 2%.

Téngase en cuenta que esta limitación no afecta a las actualizaciones de la renta en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda, en los que impera el principio de libertad de pacto entre las partes.

  1. Prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta día 30 de junio de 2023, cuando un arrendador pretenda el desahucio del arrendatario por falta de pago o expiración del plazo contractual, siempre que se trate del arrendamiento de una vivienda sometida a la Ley de Arrendamientos Urbanos, éste último podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Esta suspensión se aplicará también en los casos en que se pretenda la recuperación de la vivienda okupada, siempre que la misma pertenezca a una persona jurídica o a una persona física titular de más de diez viviendas y que la persona que okupa la vivienda sea una persona dependiente de conformidad la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, víctima de violencia sobre la mujer, o tenga a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.

Los requisitos que debe cumplir el arrendatario u okupa para que se aprecie la vulnerabilidad alegada están previstos en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, así como la documentación que deben presentar para acreditar tal vulnerabilidad.

  1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el 30 de junio de 2023, finalice el periodo de prórroga, obligatoria o tácita, se deberá aplicar, a solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Como es de ver, son todas ellas medidas dirigidas a la protección del arrendatario que siguen en la línea de las que se han ido adoptando desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid-19.

Diario La Ley publica un artículo de Mateo Juan titulado «Plazos procesales discrecionales y pérdida de derechos»

El socio de Bufete Buades, Mateo Juan, firma un análisis en el digital jurídico, Diario La Ley, en el que aborda «un abanico de preceptos y antecedentes judiciales que puedan servir a la parte que se vea condicionada o perjudicada por un plazo procesal discrecional, cuando se interprete el mismo como una renuncia tácita».

«La extensión de la moratoria contable», un artículo de Joan Buades en Diario de Mallorca

El socio director de Buades Legal, Joan Buades, firma en la edición de este martes, día 10 de enero, un artículo de opinión en el que reflexiona sobre la extensión de la moratoria contable cuya trascendencia es, sin duda, evidente puesto que esta medida venía siendo muy demandada por las empresas, enfatizando la importancia de la medida para todas las empresas ya que en una economía tan castigada como la mallorquina, el tema es de interés general.

Novedades que incorpora la reciente aprobación del Decreto Ley 10/2022 de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urbanística

El pasado 29 de diciembre se publicó el nuevo Decreto Ley 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística.

Esta norma, en síntesis, incorpora las siguientes novedades:

  • Desclasifica los suelos denominados ‘’falsos urbanos’’.
  • Limita o condiciona el crecimiento mediante nuevas delimitaciones de suelos urbanizables.
  • Adopta medidas para la reducción del consumo de agua mediante la inclusión de un nuevo precepto en la ley de urbanismo de las Islas Baleares.

La Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB) contempla en su disposición transitoria décima un régimen específico para los suelos denominados ‘’falsos urbanos’’ y otorgó a los municipios un plazo de un año para que se adaptaran a ella. Dicho plazo finalizó el 1 de enero de 2019.

Al efecto, entiende por ’’falso urbano’’ aquellos suelos clasificados formalmente como urbanos en los instrumentos de planeamiento urbanístico general, pero que, sin embargo, no disponen de los servicios urbanísticos básicos.

Para asegurar la aplicación de la mentada disposición transitoria, se aprobó el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Islas Baleares.

Dicho Decreto Ley previó que, si transcurrido el plazo establecido por la disposición transitoria los municipios no habían iniciado la adaptación a la disposición de referencia, los consejos insulares deberían asumir las potestades de ordenación urbanística de los ‘’falsos urbanos’’ antes del 31 de diciembre de 2021, fijándose que, ante la falta de asunción de esta competencia, ésta correspondería al Govern Balear que disponía para ello hasta el 31 de diciembre de 2022.

Es en base a esta casuística que se apruebe el Decreto Ley 10/2022 mediante el que el Govern de les Illes Balears asume las competencias para adaptarse a la disposición transitoria décima de la LUIB.

Pues bien, el artículo 2 del Decreto Ley 10/2022, desclasifica los suelos ‘’falsos urbanos’’, calificándolos como suelo rústico común.

Esta desclasificación se efectúa de forma automática respecto de aquellos suelos en los que el Consell Insular no había asumido la competencia.

Para ello, en el mentado articulo 2 hace una minuciosa descripción de cuáles son los suelos que quedan afectados por dicha descalificación.

Por tanto, vemos como la aprobación de esta nueva norma es una consecuencia lógica de la LUIB y del Decreto Ley 9/2020 sobre los ‘’falsos urbanos’’, procediendo a la desclasificación urbanística de aquellos suelos en los que los Ayuntamientos, o los respectivos Consejos Insulares, aún no habían asumido la competencia.

Sin embargo, ello no supone un obstáculo para que las administraciones competentes puedan ejercer su potestad de planeamiento, redefiniendo la ordenación de los terrenos afectados conforme a la calificación y clasificación que resulte oportuna o adecuada.

La segunda novedad que introduce esta norma es inclusión en la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares de una limitación de las facultades municipales de delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable, es decir, de nuevo crecimiento, estableciendo que las necesidades de los núcleos urbanos municipales deberán ser resueltas mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación, que será prioritarias frente a nuevos crecimientos. De igual forma tampoco se podrán delimitar, como regla general, nuevos sectores en zonas de riesgo delimitadas como Área de Prevención de Riesgo de Inundación.

Con ello se pretende que, con prioridad a prever nuevos crecimientos, se agote el suelo urbano ya existente que precisa de actuaciones de regeneración o rehabilitación.

Sus concretos requisitos quedan determinados en el artículo 20.2 de la ley de Urbanismo de las Baleares a cuyo tenor nos remitimos en aras a mayor brevedad.

Cabe remarcar que esta previsión no afecta a aquellos municipios en los que haya en tramitación una modificación del planeamiento.

Por último, la tercera novedad a resaltar es que el Decreto Ley 10/2022 incorpora a la LUIB el articulo 68bis de Medidas para la reducción del consumo de agua, entre ellas, la de exigir sistemas de fontanería de bajo consumo y recoger la limitación para las piscinas en suelo rústico de una superficie de espejo de agua de 35 metros cuadrados y un volumen de 60 m3.

Finalmente procede a ordenar distintos puntos del planeamiento de San Josep de Sa Talaia y ajusta la cartografía y amplían los ámbitos de los espacios de Es Trenc, Barrancs de Son Gual y Xorrigo, Áreas Naturales de la Serra de Tramuntana y Cala de Jondal.

Ley de la Segunda oportunidad y la vivienda habitual del deudor con carga hipotecaria

El destino de la vivienda habitual hipotecada del deudor es una de las cuestiones que más preocupa a las personas físicas que están pasando por un procedimiento concursal.

La nueva reforma de Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre de 2022 prevé, como ya lo hacía el anterior Texto, el mecanismo de la exoneración del pasivo insatisfecho, conocido también como la segunda oportunidad. De forma muy resumida, la exoneración del pasivo insatisfecho se trata de una figura destinada a que las personas físicas, tanto empresarios como consumidores, que, lamentablemente no pueden hacer frente a sus compromisos de pago, tengan la oportunidad de seguir adelante cancelando para ello sus deudas, siempre y cuando sean deudores de buena fe y cumplan con los requisitos indispensables, en lo que no nos vamos a centrar pues no son objeto del presente escrito.

La exoneración del pasivo insatisfecho viene regulada en el Título XI, Capítulo II del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) en el que se delimitan las vías mediante las cuales el deudor podrá solicitar la exoneración de sus deudas, y estas son o bien (i) mediante la sujeción a un plan de pagos o bien (ii) liquidando la totalidad de su masa activa. Asimismo, el TRLC contempla un tercer escenario en el cual también se podrá solicitar la exoneración de las deudas, (iii) el concurso sin masa.

Esta triple vía prevista nos obliga a distinguir y a explicar por separado las diferentes modalidades y como afectan éstas a la vivienda habitual hipotecada del deudor.

  1. Exoneración del pasivo insatisfecho vía sujeción a un plan de pagos y como afecta ésta a la vivienda habitual hipotecada

Este primer ámbito de aplicación de la Segunda Oportunidad es una de las novedades de la actual reforma de la Ley Concursal. Se prevé la posibilidad de obtener la exoneración de las deudas sin necesidad de pasar por la liquidación del patrimonio.

Esta nueva vía está diseñada especialmente para que el deudor no deba desprenderse de su vivienda, pues así se pone de manifiesto por los legisladores en la Exposición de Motivos de la reforma de Ley Concursal, que reza:

«Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que este conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales

En la teoría parece sencillo, pues al no liquidarse el patrimonio del deudor por ende tampoco se enajena la vivienda habitual. Sin embargo, la ley prevé que en el Plan de Pagos se incluya (i) un calendario de pagos de los créditos exonerables y (ii) una relación de los recursos previstos tanto para cumplir con el calendario de pagos de las deudas exonerables como para satisfacer las deudas no exonerables (como es la hipoteca, ya que la Ley Concursal establece que los créditos privilegiados no son exonerables). Asimismo, en la redacción del plan de pagos, el deudor, podrá optar por enajenar su vivienda habitual o no, pues así se desprende de lo establecido en la ley dónde se prevé una duración del plan de pagos distinta en función de si se realiza o no la vivienda habitual.

Por el momento sigue pareciendo que la vivienda habitual del concursado, siguiendo la vía del plan de pagos, no deberá enajenarse, en cambio, es posible que ocurra lo contrario, me explico:

La propuesta del plan de pagos se trasladará a los acreedores personados para que estos puedan alegar cuanto estimen oportuno acerca de la propuesta presentada. Los acreedores podrán impugnar el plan de pagos por los motivos tasados en el nuevo artículo 498 bis de la Ley Concursal, entre los que se encuentra el siguiente:

«1.º Cuando el plan de pagos no le garantizara al menos el pago de la parte de sus créditos que habría de satisfacerse en la liquidación concursal.»

¿Qué significa? Pues, en resumidas cuentas, que, aunque la Ley prevea que el deudor pueda presentar un plan de pagos en el que no se contemple la enajenación de su vivienda habitual, si uno de los acreedores cree que mediante el plan de pagos propuesto no tiene las mismas expectativas de cobro de la deuda que tendría si se liquidara el patrimonio, podrá impugnar el plan de pagos, y, por tanto, cabe la posibilidad de que se tenga que realizar la vivienda habitual del deudor.

  1. Exoneración del pasivo insatisfecho vía liquidación de la masa activa y como afecta ésta a la vivienda habitual hipotecada

La segunda modalidad que prevé la Ley Concursal es la opción de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho con la liquidación de la masa activa, entendiéndose por masa activa todos aquellos bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor.

Es de ver que, de la literalidad de la norma, se entiende, que, con carácter general, para acogerse a la Segunda Oportunidad por esta vía, sí o sí se debe liquidar todo el patrimonio del concursado, en el que claramente quedaría incluida la vivienda habitual.

Sin embargo, en la práctica, y dependiendo de las particularidades de cada asunto, se pueden dar las circunstancias necesarias para que la vivienda habitual hipotecada del deudor no deba ser imprescindiblemente enajenada para obtener la exoneración de las deudas.

Es doctrina asentada por nuestros tribunales que cuando la realización de la vivienda no garantice al acreedor hipotecario el completo cobro del crédito y cuando su enajenación tampoco pueda beneficiar a los restantes acreedores es desaconsejable la venta del inmueble pues carece de sentido liquidar el inmueble si con la venta de este no se podrá satisfacer la totalidad de la deuda, ya que el crédito restante se reclasificaría conforme a la naturaleza que le corresponda perjudicando así a los restantes acreedores.

En este sentido se pronuncia, por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil N°. 1 de A Coruña, en su Sentencia 286/2021 de 12 julio de 2021:

“Algunas resoluciones judiciales han cuestionado si está justificada la enajenación en el concurso de la vivienda habitual del deudor cuando ésta se encuentra afecta al pago de créditos con privilegio especial y concurre una situación de sobreendeudamiento hipotecario que, unida a otras circunstancias que analizaremos a continuación, desaconseja la realización de este activo. En este sentido, se incide en que las situaciones de sobreendeudamiento dan lugar a la realización de la vivienda sin que ello garantice al acreedor con privilegio especial el completo cobro de su crédito, reclasificándose el importe no satisfecho según su naturaleza; pero esta alternativa es igualmente insatisfactoria para los restantes acreedores ante las nulas perspectivas de existencia de sobrante. Por ello, se podrá excluir de la liquidación a la vivienda habitual del concursado, siempre que se den las siguientes circunstancias (PUELLES VALENCIA, J.M., «El concurso consecutivo», Guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas, SEPÍN):

Que el propietario se encuentre al corriente de las cuotas del préstamo.

Que el propietario esté en condiciones seguir abonando las cuotas del préstamo.

Que resulte previsible que la enajenación no cubrirá el crédito hipotecario.

Que el valor de la garantía hipotecaria sea superior al valor razonable del bien.

Así mismo, el Juzgado de lo Mercantil N°. 6 de Barcelona en un reciente Auto 136/2022 de 11 marzo de 2022 manifiesta:

“Respecto de la vivienda habitual del concursado, y por lo que se refiere a su eventual ejecución en sede concursal, es razonable atemperar el rigor legal en la liquidación de todos los bienes y derechos propiedad del insolvente, en el sentido de que, cuando la deuda supera el valor de la garantía hipotecaria, y el crédito no está́ vencido por estar al corriente en el pago de las cuotas hipotecarias, no tiene sentido realizar el bien mientras estas circunstancias se mantengan, ya que la venta del bien hipotecado no puede beneficiar a los demás acreedores. El único efecto conseguido en este caso sería el de perjudicar al acreedor hipotecario, que está cobrando su crédito, y a los deudores, que pierden su vivienda.

Estas premisas concurren en el presente caso, puesto que el valor de realización de la vivienda propiedad del concursado, que constituye su domicilio, es inferior a la suma adeudada a la entidad financiera, respecto de la cual aquéllos se encuentran al corriente en el pago de las mensualidades del préstamo. Por esta razón es proporcionado y razonable la exclusión del referido inmueble de las previsiones de realización establecidas en el plan de liquidación.” 

  1. Exoneración del pasivo insatisfecho vía liquidación de la masa activa y como afecta ésta a la vivienda habitual hipotecada

La última reforma de la Ley Concursal sigue manteniendo la figura del concurso sin masa, el coloquialmente llamado «concurso exprés». ¿Qué se entiende por concurso sin masa? Pues bien, el artículo 37 bis del TRLC establece que no existirá masa, es decir patrimonio suficiente que liquidar, en cuatro supuestos distintos: (a) el concursado carezca de bienes y derechos que sean legalmente embargables (b) el coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal (c) los bienes y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor inferior al previsible coste del procedimiento (d) los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos.

En este caso y siguiendo con el tema que tratamos en este artículo, es de ver como la misma ley prevé directamente que no existirá masa, y por tanto no habrá que liquidar el patrimonio, cuando las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes, es decir, cuando ocurra lo explicado en el apartado anterior: que el valor de la hipoteca sea superior al valor razonable de la vivienda.

En lo que hace referencia al procedimiento del concurso sin masa si de la solicitud de concurso se aprecia alguno de los supuestos que marca el artículo 37 bis se dictará Auto declarando el concurso ordenando su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro público concursal para que en el plazo de quince días desde su publicación los acreedores, que representen al menos el cinco por ciento del pasivo, puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente un informe razonado sobre los extremos que marca el  artículo 37 ter. Si en el plazo establecido no se formula la solicitud, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho.

Corolario de todo lo anterior, dependiendo de la modalidad por la que se opte solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho y, en especial, atendiendo a las circunstancias particulares de cada deudor, no deberá enajenarse de forma imprescindible la vivienda habitual hipotecada para obtener la exoneración del pasivo.

Todo lo expuesto, sin perjuicio de las particularidades y casuística de cada procedimiento, debiéndose analizar caso por caso.

Mateo Juan es el nuevo coordinador de la sección «Obligaciones y Contratos» de la revista Actualidad Civil

El socio de Buades Legal, Mateo Juan, estrena su nueva función como coordinador de la sección «Obligaciones y Contratos: OyC» de la prestigiosa revista Actualidad Civil de la Editorial LA LEY (Wolters Kluwer), y lo hace, a su vez, con la publicación de un extenso artículo titulado «La imposibilidad de subrogación del fiador como supuesto de extinción de la fianza, derivado de la cancelación de hipoteca concurrente por consolidación registral (1)«, que puede leerse bajo suscripción.